Ya nadie duda, salvo unos cuantos análisis interesados, de que el procedimiento de resolución del Banco Popular se debió a una crisis aguda de liquidez generada a partir del segundo trimestre de 2017. Para comprobar cómo se desarrolló dicha crisis analizaremos, a través de documentos, los principales momentos en los que se dieron las principales salidas de depósitos y las proyecciones que tenía el Consejo de Administración del Popular sobre los vencimientos de los depósitos que disponían.
La salida de depósitos públicos se inició en el año 2016 con la retirada por parte del Gobierno del PP de un total de 4.681,95 millones. El total retirado por las Administraciones públicas con sede en la Comunidad de Madrid fue de 6.977,422 millones de euros.
En los tres primeros meses de 2017, tras la sucesión de Ángel Ron por Emilio Saracho, se estabilizaron los depósitos, no habiendo salidas importantes.
Sin embargo, la publicación el 3 de abril de 2017 del hecho relevante de la reexpresión de las cuentas, marca un punto de inflexión negativo, dado que tuvo una importancia formal y no material por el importe del mismo. Dicho hecho relevante, redactado por el despacho de cabecera de Banco Santander, tal y como han referido distintos testigos en la Audiencia Nacional, inició la dinámica de salida de depósitos junto con la rebaja de ratings hasta el mismo día de la resolución.
La Iglesia Católica se sumó a la «fiesta»
En los meses de abril y mayo de 2017 fue muy significativa la salida de depósitos que realiza la Iglesia Católica por un importe aproximado de 5.500 millones. Esta fuga de liquidez con el fichaje por parte del Santander del gestor de las cuentas eclesiales, Eduardo J. Pomares, «el monseñor», que se llevó la mayoría de los depósitos de las instituciones eclesiásticas al banco presidido por Ana Patricia Botín.
Según fuentes consultadas por Diario16 señalan que monseñor Pomares no tenía únicamente entre sus prioridades mejorar sus condiciones laborales, sino que era mejorar las condiciones de sus clientes.
En las conversaciones mantenidas con altos directivos del Banco Santander no hubo confianza en los planteamientos que le hicieron y para ello se planteó tener una reunión con el ministro de Economía, Luis de Guindos para que matizara lo que los directivos del Banco Santander le habían expuesto sobre la situación de los depósitos de sus clientes en caso de un procedimiento de resolución.
Ese fue el detonante, tras la reunión, para que monseñor Pomares cambiara a Banco Santander y, con él, las diversas instituciones religiosas con el plácet del ecónomo de la Conferencia Episcopal que participó en dicha reunión.
Mayo de 2017: el principio del fin
Las salidas del mes de mayo de 2017, por un importe aproximado de 4.300 millones, fueron realizadas, principalmente, por empresas de inversión y muy pocas por empresas con personalidad publica y alguna administración pública.
Desde el 1 de mayo hasta el 5 de junio de 2017 se produjeron salidas de depósitos por valor de 10.977 millones, siendo la cifra de salida del día 5 de junio de 2.948 millones y la del 6 de junio de 4.850 millones de euros.
En este mes de mayo, tras buscar el Consejo de Administración del Popular una solución para reestablecer la liquidez por sus propios medios, sin disponer de liquidez de emergencia del BCE, su coeficiente LCR se situó en el 79,4%, siendo lo exigible para el año 2017 del 80%. Lo sorprendente es que, en apenas 6 días, dicho coeficiente se redujo hasta el 24%.
El Consejo del Banco Popular el día 31 de mayo del 2017 aprobó un nuevo plan de negocio, en donde no expone con claridad cuáles son las líneas estratégicas a realizar para mejorar la situación. Lo destacado de dicho plan son las pérdidas que suponían la recalificación de los inmuebles (2.700 millones) y el deterioro de los préstamos inmobiliarios (1.480 millones). Por tanto, imputaron unas pérdidas por 4.180 millones.
Dicha exposición, que es comunicada el día 31 de mayo, no fue el motivo de la retirada masiva de depósitos del mes de junio. Esta caída de los mismos vino provocada por la declaración de la JUR del día 31 de mayo a través de una filtración a la agencia Reuters.
A partir del día 3 de junio de 2017, con la reunión del FROB con el Banco Popular y los abogados de cabecera del Santander contratados por Emilio Saracho, se inició el desmoronamiento de los depósitos, fundamentalmente por las Administraciones públicas, que abocaron a la resolución del Banco Popular.
El cuadro que había preparado el Banco Popular para un escenario extremo de no renovación de financiación mayorista exponía lo siguiente:
Por tanto, una cosa es la no renovación, que son las previsiones que matizan dicho cuadro, y otra muy diferente es no esperar al vencimiento y sacar anticipadamente dichos depósitos, propiciando la ruina de más de 1,2 millones de personas.
Se puede saber.-
En que bancos se ingresó todo el dinero que sacaron los estamentos públicos; por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona.
L A D R O N E S.
Seguramente a la Caixa o al Banco de Sabadell que más tarde le devolvieron el favor al estado sacando sus sedes sociales de Catalunya.
Esa es una opción veraz, pero existen otras ?
Gracias.
Saludos.
Sres jueces ,que pasa que todavía no están en la cárcel Rajoy y Guindos,uno como presidente del gobierno que consintió este robo a más de 1200.000 españoles y el otro traidor su lacayo y cómplice del mayor robo cometido en Europa contra la población .