El teniente de la Guardia Civil al mando de la comisión judicial que el 20 de septiembre de 2017 registró la sede de la Conselleria de Hacienda, ante la que se congregaron más de diez mil manifestantes independentistas, ha relatado hoy en el Tribunal Supremo cómo se vivieron aquellas horas de tensión. “La gente gritaba ‘fuera las fuerzas de ocupación; no saldréis de ahí; hoy dormiréis aquí…’ Nadie pudo salir al mediodía para ir a comer o comprar algo. Fue una agente de los Mossos d’Esquadra la que se apiadó de nosotros comprándonos unos bocadillos. Nadie tuvo la osadía de salir ante esa masa”, ha asegurado.

La declaración del oficial es un testimonio más que el fiscal empleará a buen seguro para tratar de demostrar que el ‘procés’ no solo fue una manifestación ciudadana alegre y pacífica, sino que existió cierto grado de violencia, un requisito esencial que el Código Penal exige para acreditar el delito de rebelión al que se enfrentan los doce acusados. ¿Puede considerarse que una manifestación multitudinaria es un alzamiento tumultuario contra el Estado y el orden legal establecido? ¿Se puede interpretar jurídicamente que la presión que miles de personas ejercieron contra la comisión judicial aquel día y contra los antidisturbios durante el referéndum del 1-O fue un golpe de Estado? Esa es la difícil papeleta a la que se enfrentan los magistrados del Tribunal Supremo que enjuician los hechos del ‘procés’.

Según el teniente de la Guardia Civil, a pesar de que Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le aseguró que mantendría una actitud “colaborativa” con los integrantes de la comisión judicial, “no cedía a ninguna de las opciones. Ni siquiera a plantearlo”, insiste el teniente. Además, el testigo acusa a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana, de aceptar todas las propuestas e indicaciones del líder independentista, dando a entender que la Policía autonómica estaba de lado del bloque soberanista. “Jordi Sànchez nos ofreció un cordón hecho por voluntarios para llevar a los detenidos”, alega el agente en referencia al pasillo de evacuación que debía atravesar la comisión judicial entre la marea de manifestantes. Para el teniente, aquel pasillo “no era seguro” dado el estado de agitación que se vivía en la calle, por lo que rechazaron la propuesta.

Fueron los mismos Mossos d’Esquadra quienes les advirtieron de los riesgos de salir al exterior en ese momento de fervor nacionalista. “Si salís con las cajas [donde iban supuestamente las pruebas de la financiación del referéndum] os matan, nos dijeron. Vi a gente que quería tirar la puerta de acceso a la Conselleria. Era una puerta maciza, de hierro y madera”, explica el teniente de la Guardia Civil.

“No oí ni a Jordi Sànchez ni a Jordi Cuixart. Me comentaron compañeros que estaban fuera, que se habían subido a los vehículos policiales para dirigirse a la multitud allí concentrada. A medianoche se dirigieron a la masa para desconvocar la concentración, que creo que era a la hora a la que finalizaba la manifestación”, ha explicado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. “Pregunté por qué se había incrementado el murmullo en la calle, y me comentaron que había sido porque había acudido Sànchez y se había dirigido a la gente”, detalla. El guardia civil ha insistido en que hubo un riesgo real de que los manifestantes “les atacaran”, y así se lo comunicaron los propios Mossos d’Esquadra.

Sobre las armas que estaban en el interior de los vehículos de la Guardia Civil dañados por la multitud asegura que estaban escondidas. “Se comprobó que había desaparecido material de los coches, pero no las armas”, explica el testigo. La declaración del teniente se suma a la versión de los demás guardias civiles que han tomado parte en el juicio. Todos ellos han asegurado que aquella jornada podría haber terminado en un estallido de violencia que al final no se produjo.

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