La cuenta atrás del referéndum soberanista ha comenzado y nadie cede. Desde la Fiscalía se da cada día una vuelta de tuerca para impedir que se celebre el 1-O, mientras en Cataluña se resisten a rendirse.

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ordenó a los Mossos d’Esquadra que precinten todos los locales designados para votar esa jornada, que desalojen a las personas que puedan estar dentro y que no permitan la instalación de mesas en un radio de cien metros de estos lugares. Por su lado, la policía de la Generalitat, al recibir este mandato, consideró que es materialmente imposible cumplir y que puede derivar en un problema de orden público.

La orden va dirigida al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien la recibió ayer. En el escrito se señala que la policía catalana “deberá planificar y ejecutar” el precintado de aquellos “locales o establecimientos” designados para las votaciones del 1-O, “desalojando, en su caso, a las personas” que estuvieran allí, y con “identificación de los responsables y participantes en la ocupación”; incautando además todo aquello necesario para el desarrollo de la jornada, como urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación y propaganda.

También se indica a los Mossos que no deben permitir la constitución de las mesas, previstas para las 7.30 horas del día 1, impidiendo el acceso a los recintos de los responsables de ellas y desplegando a tal efecto un “dispositivo específico en cada punto de votación con la necesaria asignación de recursos humanos y materiales para impedir la entrada”, identificando también a quienes lo intenten. Además, se añade que si el punto de votación está en el interior de un recinto más amplio, se deberá “evitar igualmente que se intente producir la votación en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones”, incluso en la vía pública, en un radio de cien metros del lugar señalado.

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