miércoles, 29junio, 2022
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Los juicios de los jueves y el Tribunal Constitucional

Jaime Company González
Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Madrid desde 1996 Especialista en Derechos Fundamentales Civil, Laboral y Penal.
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En España no hay jueces suficientes para tanta controversia sometida a juicio. La demanda de  más juzgados de refuerzo es histórica,  con peticiones realizadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades autónomas al CGPJ y al Gobierno, por una cuestión de eficacia objetiva  y calidad de las resoluciones, y por supuesto temporal,  porque una justicia tardía, no es justicia.  El atasco es considerable y desde la política no se ofrece solución, es más, ni siquiera se interesa.  A modo de ejemplo contamos con los dos últimos debates televisados por las elecciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde no se ha hecho referencia alguna a la pobre situación del poder judicial. La justicia no les importa en absoluto, salvo para repartirse las cuotas de control, no les vayan a  decretar prisión, o tengan que prestar o devolver algún favor y  no tengan “mano ”.

En muchas ocasiones los justiciables cargan el despropósito de la lentitud  y la ineficacia  contra los  propios jueces, y lo hacen  con carácter general,  como si ellos tuvieran la culpa. Ello adolece de  objetividad (aunque de todo hay en cada gremio), cuando una abrumadura mayoría está abarcando más trabajo de lo que compete, por responsabilidad y compromiso con la noble tarea de juzgar,  sin que nadie se lo agradezca, no digamos retribuya, ya que a su órgano de gobierno sólo le importan dos variables, número de asuntos resueltos y tiempos de resolución.

Traigo a colación una providencia de un Juez de Ciudad Real  que me consta que en cada oportunidad que dispone explica a las partes porque no le da la vida para resolver tan rápido como le gustaría, argumentando sobre los tiempos de señalamiento de Audiencias Previas y vistas de juicio. En dicha providencia (resolución judicial sobre cuestiones procesales que requieren decisión judicial, siempre que la ley no exija forma de auto), el juez decía que,  de manera incomprensible y por motivos que no les habían sido comunicados, no se produjo la renovación de la comisión de refuerzo que tanto necesitaba y que sigue necesitando su juzgado, de primera instancia, de instrucción, y también de lo mercantil, habiendo asumido las competencias de las tres jurisdicciones, incluidas ejecuciones civiles derivadas de los procedimientos de las cláusulas suelo. Ciertamente una acumulación de asuntos descomunal e inasumible para un solo Magistrado, que ya en octubre de 2018 pidió protección y ayuda a los servicios de inspección y de riesgos laborales del CGPJ. “En casa del herrero cuchillo de palo”. Y todo porque, decía el Magistrado,  “que no obstante el informe favorable del TSJ de Castilla la Mancha, el Consejo General del Poder Judicial no ha atendido la petición de renovación de comisión de refuerzo para dar una respuesta adecuada y de verdadera calidad al administrado y para conseguir dejar el juzgado en unos cánones aceptables”, y acababa pidiendo disculpas a las partes del procedimiento por la dilación que todo ello pudiera ocasionar, justificando que respecto a los asuntos pendientes de resolver barajaba  criterios de materia, prioridad, impacto de la causa…etc, para darles salida dentro de sus posibilidades, en un ejercicio de respeto al justiciable, el mismo que no  tiene la propia Administración de Justicia incluso a todos los que participamos en ella.

Dicen que no hay dinero, no hay presupuesto para juzgados nuevos ni para juzgados de refuerzo. Se destinan cantidades   indecentes para otras cuestiones mucho menos importantes, aunque más mediáticas y “jaleables”,  además que  impulsan y condicionan el voto. Es tal el despropósito que los políticos configuran derechos y más derechos, igualdades ficticias y discriminaciones abstractas que quedan muy bien en una publicidad que no es sino propaganda, por cuanto luego les resulta indiferente la decisión sobre las mismas, e igual les da que las reglas de la sana crítica se  apliquen  a la regulación tarde, mal o nunca. La política vierte las normas en un ejercicio de aparente justicia social y luego se despreocupa de cuanto subyace,  para que se procure justicia con mayúsculas. El engaño es total por una apariencia que cada día es más notoria.

Me refiero en el título de este artículo  a “los juicios de los jueves” porque la semana pasada recibí una diligencia de ordenación en un caso donde se demandaba un despido nulo de una trabajadora  por vulneración de derechos fundamentales, despido que se produjo en Enero de 2022 y cuyo acto de conciliación y vista estaba señalada para el jueves día 9 de junio del presente año.  Decía la resolución del Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de refuerzo donde recayó el asunto, dictada a tres días del juicio:

“  Póngase en conocimiento de los partes que no teniendo asignado Magistrado para la celebración de los juicios de los Jueves, queden los autos pendientes de resolver por S. Sª Ilma, la prueba  propuesta, una vez sea designado por el Decanato”.

Llegó el día del juicio (el jueves), y allí estábamos,  el empresario, su abogado, la representante del Ministerio Fiscal, el letrado del Fogasa, la trabajadora y yo, esperando, mirando la lista  de los doce juicios señalados con una diferencia de 15 minutos entre uno y otro, mientras el  personal del juzgado   (interino) ponía la palabra SUSPENDIDO,  de uno en uno y sin comentar nada a los siguientes, en el margen derecho de cada asunto, hasta que nos comunicó, tras hora y media de espera, con tristeza, eso sí, la frase esperada. ¡No tenemos Juez!, y facilitándonos el acta con el siguiente literal:

“ No habiendo sido asignado Magistrado a fecha de hoy para celebración de los juicios del Juzgado de Refuerzo, acuerda la suspensión de los actos de conciliación y juicio señalados para hoy.

Así mismo acuerda señalar nuevamente para dichos actos el día 19/10/2022 a las 9.30 horas en la sala de vistas de este juzgado, dándose las partes que se encuentran presentes citadas para el mismo”.

Con los tiempos que corren nos podemos considerar afortunados porque se señalara para octubre de 2022, ya que me acordaba del Recurso de Amparo planteado por el letrado, Daniel Sánchez (compañero de Sevilla) que trata de que se resuelva  su solicitud (ya admitida a trámite) de  protección de Derechos Fundamentales, para su cliente y para todos aquellos que ven como sus juicios se señalan en Sevilla para finales de 2026,   y también debemos dar palmas  porque el 19 de octubre es miércoles, lo cual desbordó nuestra alegría, evitando los “juicios de los jueves”.

Llegados a este escenario, me pregunto: ¿ De qué servirá que el Tribunal Constitucional ampare al solicitante si sigue sin haber jueces  suficientes para poder resolver los asuntos en plazos no ya legales sino cuando menos, normales?.  ¿Cómo se abordará la solución y cuál es la propuesta política para evitar más dilaciones?.  Intuyo que la decisión del Tribunal Garante (aunque muchas veces no sé muy bien que garantiza), será favorable al amparo, pero, ¿A quién imputarán después nuevos incumplimientos si no se disponen de medios? Se eliminan los refuerzos porque no hay presupuesto. ¿Será la resolución de Tribunal Constitucional una nueva cortina de humo?.

Ya no es que llegue tarde, como casi siempre, (recuerdo que fue sonado que para resolver unas dilaciones indebidas de dos años el Constitucional, tardó cuatro), es que la Constitución no se cumple, nos engañan con resoluciones inservibles que no garantizan el cumplimiento futuro,   generando la confusión para que los justiciables sigan cargando contra los jueces, cuando el sistema nos abandona a todos, también a ellos. Desde las instituciones nos siguen hablando de democracia plena porque votamos, y nos engañan con premeditación y recurrencia, porque a izquierda y derecha, en alternancia, nadie hace nada más que pensar en sus propias prebendas y/o las de sus partidos. ¿Por qué lo denominamos estado de derecho,  cuando resulta patente que al no procurar, apuntalar y cumplir  las  garantías para que lo sea, es de desecho?.

El desecho también de una política que se reparte los Magistrados en el Tribunal Constitucional, aún con escándalo y sin escrúpulos,  en base al desconocimiento mayoritario de la ciudadanía. Un elenco de partidos  que hablan de independencia y separación de poderes (incluso en ocasiones fingiendo críticas), mientras siguen  jugando con las cartas marcadas en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que no le dedican a la  Justicia la mínima de las atenciones, resultando que el termómetro del sistema nos muestra  una patología crónica. 

 Sólo les  importan los cargos y las cuotas de poder e influencia, el control institucional y la colocación de piezas para seguir manipulando,  mientras nos hacen creer que vivimos en libertad y con la seguridad y garantía  de protección de nuestros derechos, lo cual es falso. La ciudadanía está anestesiada, sólo cumplimos obligaciones, y ello no sólo es una traición sino una auténtica estafa a lo que dicen es el origen y residencia de la representación. La soberanía. 

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