La justicia, uno de los tres pilares básicos del sistema democrático y probablemente el más colapsado de todos ellos de manera estructural y crónica, intentará adelantarse a los acontecimientos cuando se ponga fin al confinamiento domiciliario impuesto por el estado de alarma durante la crisis del coronavirus. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado este jueves el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma”, que pretende servir de base para afrontar con garantías de funcionamiento del sistema cuando se reanude la actividad judicial tras el levantamiento del estado de alarma, que tendrá como principales objetivos evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables.
El plan de choque anunciado por el órgano de gobierno del poder judicial también pretende proporcionar a los/las jueces/zas y magistrados/as un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.
El plan del CGPJ tras el fin del estado de alarma se basará “en los principios de eficacia (identificación de las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso), especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales) y globalidad”. Para ello, se contemplará todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar el incremento de los medios personales y materiales que sean necesarios.
Mitigar efectos negativos
La Comisión Permanente del CGPJ señala que es evidente que en el momento en que se levante el estado de alarma se producirá “una situación inédita y excepcional” en los juzgados y tribunales, ante la que es necesario estar preparados para “mitigar”, en la medida de lo posible, sus efectos negativos, consecuencia tanto de la propia reanudación de la actividad judicial suspendida (puesta al día de cada procedimiento, reordenación de los señalamientos, incoación de nuevos asuntos que se encontraran “en espera” en los despachos de abogados, etc.) como del previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, ya sean despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento, entre otras.
