Estos días se está debatiendo en el Senado el proyecto de ley de protección animal. Y allí, como siempre, la derecha incendiaria se está dedicando a sacar de contexto las cosas alarmando a la población con argumentos como el de que “con la nueva normativa, si matas a una rata en tu casa puedes ir a la cárcel”.
En esta ocasión, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia se la está cogiendo con papel de fumar. No quiere que vuelva a pasar lo que ocurrió con la ley del sólo si es si, la mayor controversia legislativa de este gobierno provocada por errores técnicos que han implicado el que algunos jueces hayan decidido interpretar literalmente la norma generando, así, gran alarma social por la reducción de la condena a más de 720 agresores sexuales.
Y es que, después de lo que ha pasado, toda precaución es poca. Respecto a la ley de protección animal, los expertos tranquilizan. No será en esa norma donde haya que hilar fino. Es en la consiguiente modificación del Código Penal en materia de maltrato animal que deberá abordarse una vez aprobada la ley.
En el proyecto que se discute hay dos artículos polémicos: en el primero se establecen las penas por la muerte de “un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano”. Y el segundo, el que ha dado origen a la afirmación difundida por la derecha política y mediática, que recoge que la “muerte de un animal vertebrado” supone penas “de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses”. En caso de que se produzcan lesiones al animal vertebrado, se contemplan “de tres a doce meses de cárcel” o multas.
“Veremos que interpretación hacen los tribunales”, aseguran destacados juristas. El ministerio de asuntos sociales ha incluido el término “animales vertebrados” para evitar que se produzcan maltratos de animales silvestres que viven libres en su medio natural y que, si no entran dentro del catálogo de especies protegidas, resultan impunes. En la mente colectiva está la barbaridad cometida por unos excursionistas que arrojaron a un jabalí a un barranco en la garganta del rio Cares.
Pero de ahí a tener que acudir a un juzgado amenazado de cárcel por matar a un roedor va un abismo, según explican algunos jueces. El ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, señala que “como instructor, no citaría a una persona por matar a una rata en su domicilio”.
Está claro que, de ocurrir tal circunstancia, este país se convertiría en el hazmerreir de Europa. Pero también se dijo que los jueces no iban a atreverse a modificar penas impuestas por agresión sexual basándose en los nuevos límites de condenas. Y mira la que se ha liado. Tan obsesionados están en el ministerio de igualdad con la idea del consentimiento como eje central de la nueva norma que se olvidaron de la ideología reaccionaria de la gran mayoría de los jueces de este país.
La magistratura tiene esa capacidad: la de interpretar las leyes a su antojo. Y, desgraciadamente, al ser considerados como “un poder dentro del Estado”, lo único que se puede hacer es criticar sus decisiones. Eso sí, hay que acatarlas porque el “desacato” es delito en este país y todavía hay por ahí algún político, (recuerdo el caso concreto del alcalde andalucista de Jerez, Pedro Pacheco, que todavía se está arrepintiendo de haberse manifestado en contra de las decisiones judiciales). Afortunadamente eso pasó hace ya unas cuantas décadas y, ahora mismo, lo de Pacheco no se podría repetir, aunque todavía hay algún juez que ha llamado al orden a abogados y procuradores en el transcurso de vistas orales “por desacato”. Es una espada de Damocles que está ahí para hacer valer un principio de autoridad un tanto exagerado en las salas de vistas orales
Ante situaciones como la que se ha originado con la aplicación de la ley del sólo si es si, algo que puede suceder también con la ley de protección animal, sólo cabe una posibilidad desde el punto de vista jurídico: hacer lo que la fiscalía ha hecho. Presentar recursos. Intentar que esas resoluciones judiciales en las que se aplica “el tenor literal” de la ley o, como se ha dicho en algunos foros, dictados “al pie de la letra”, se tengan en cuenta otros criterios tal y como suele suceder en la mayoría de las resoluciones de los jueces y que, en esta ocasión, no se ha hecho.
Nadie pone en duda la profesionalidad de jueces y magistrados. Pero lo que es sospechoso es que en una ley tan “sensible” como la del sólo si es si se haya aplicado un criterio estricto a sabiendas de las consecuencias que iba a tener en la sociedad. Las consecuencias han sido evidentemente políticas. Hasta tal punto que ha puesto en riesgo la estabilidad del gobierno progresista.
