Foto: CGPJ

La ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos oficiales a los nuevos jueces en Barcelona va camino de provocar una auténtica rebelión del Poder Judicial contra el Gobierno en defensa de la monarquía. Por la mañana Pablo Casado ponía la diana en Pedro Sánchez al asegurar que “defenderá a España” ante el supuesto intento del Gobierno de secuestrar al monarca, mientras que por la tarde la plana mayor de la judicatura (en su mayoría conservadora) disparaba su primera andanada letal contra la línea de flotación de Moncloa. A esta hora, ya se sabe que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad que su presidente, Carlos Lesmes, exprese el “pesar” de la institución y de los jueces en su conjunto por la ausencia del monarca al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

Todo apunta, por tanto, a que entre sus señorías los magistrados ha calado la idea, profusamente divulgada en las últimas semanas por las derechas (PP, Vox y Ciudadanos), de que el Gobierno comunista está conspirando en la sombra para acabar con la dinastía borbónica e instaurar la Tercera República. Llama la atención que Lesmes no se soliviante de la misma manera ni le dé por redactar comunicados subversivos contra el gabinete de coalición cuando de lo que se trata es de protestar contra un partido como el PP que ha decidido bloquear la renovación de los altos cargos del Estado como el CGPJ, el Supremo y el Constitucional, una maniobra a todas luces antidemocrática que está causando un daño irreparable a la Administración de Justicia. Pero así es Lesmes, un hombre del establishment conservador, un digno representante de ese Poder Judicial en decadencia que procesa erróneamente por rebelión a la disidencia política, que condena a miles de personas a sufrir la estafa bancaria del Banco Popular, que se pone descaradamente de lado de los bancos en asuntos como el de las hipotecas y que no se atreve a llegar hasta el fondo en las cuentas del rey emérito por aquello de la inviolabilidad constitucional y por lo que dirán en Zarzuela. Por no hablar de los duros reveses que cada poco nos da Europa a cuenta de alguna sentencia que parece salida de los tribunales franquistas.

Si lo normal es que sea el Poder Ejecutivo el que incurre en injerencias en el Poder  Judicial, saltándose a la torera a Montesquieu, vemos que en España es al revés y son los jueces los que de la noche a la mañana se convierten en lobby o grupo de presión contra el Gobierno, colaborando activamente con las derechas en el intento de derrocamiento de Sánchez. Aquí ningún Consejo de Ministros pretende quitarle el trono y la corona a Felipe VI, entre otras cosas porque ni puede, ni quiere, ni le dejan, ni tiene mayoría parlamentaria para proponer un cambio de régimen. Mientras PSOE y PP sigan garantizando el sostenimiento de la monarquía, la República solo será una quimera inalcanzable en los febriles sueños de Pablo Iglesias. Ahí están las últimas votaciones acaecidas en el Congreso de los Diputados cada vez que algún grupo político minoritario insta una moción para desgastar a la Casa Real. Toda iniciativa parlamentaria antimonárquica es debidamente cortocircuitada gracias a la batería bipartidista perfectamente cargada con los dos electrodos rojo y azul. Cuando Podemos pide que el CIS pregunte a los españoles sobre el grado de confianza que le inspira la Familia Real, la instancia se frena en seco; cuando algún diputado vasco o catalán busca un subterfugio legal o da un rodeo para que se cree una Comisión de Investigación sobre las supuestas comisiones de Juan Carlos I, el papel acaba irremediablemente en la papelera. Y así todo.

La monarquía nunca ha gozado de mayor amparo, protección y cobertura política y legal que en nuestros días, gracias en buena medida a la contribución de un partido como el PSOE que sigue fiel a su vieja hoja de ruta de Suresnes consistente en abandonar el marxismo republicano y abrazar el pragmatismo, el sistema capitalista de libre mercado y la Restauración borbónica y sagastacanovina por el bien y la estabilidad del país. El PSOE hizo su catarsis sin vuelta atrás y aquellas pugnas entre el sector histórico de Rodolfo Llopis y los jóvenes renovadores del “grupo de los sevillanos” alérgicos al comunismo ya son historia. La prueba del algodón del pedigrí monárquico del Partido Socialista es que la voz de la conciencia, o sea Felipe González, aprovecha cada minuto que le deja su apretada agenda de tertuliano, de gurú y de navegante de yates caribeños para advertir contra futuras aventuras izquierdosas e involuciones rojas sin que nadie, ni los sanchistas más acérrimos, se atrevan a rechistarle. Ayer mismo, el patriarca socialista calificaba de “republiqueta con derecho de autodeterminación” el tipo de Estado que pretende instaurar Pablo Iglesias y todo el PSOE enmudeció por miedo reverencial. Esa es la conspiración antimonárquica contra la que alertan las derechas en sus bulos tuiteros; esa es la peligrosa revolución bolchevique que se avecina.

Quiere decirse que nada ni nadie peligra en Zarzuela, ni siquiera la memoria del rey emérito, que cuando llegue el momento será convenientemente maquillada de los pecados carnales de la juventud y la senectud para que pase al panteón de la historia limpio de polvo y paja, como uno de esos coroneles bananeros de la novelas de García Márquez a los que se les construye una leyenda ficticia antes del funeral.

A falta de lo que diga en ese comunicado institucional (solo Lesmes sabe lo que va a anunciar en las próximas horas) lo que queda claro es que también los jueces son monárquicos y mayormente de derechas. De modo que con un Legislativo controlado, un Ejecutivo acorralado por la pandemia que ha renunciado antes de tiempo a la revolución social, un poder económico siempre a la contra de la izquierda y un Sanedrín judicial entregado a la causa de la realeza todo sigue atado y bien atado. Como siempre fue y como siempre será.

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