Los informes de la UE alertan de que Vox propaga bulos en redes sociales para desestabilizar la democracia

Los españoles están preocupados por la difusión de bulos y noticias falsas en las redes sociales. Esa es la conclusión inmediata que se debe extraer del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido ayer miércoles y en el que se contiene una polémica pregunta a los ciudadanos sobre si se debe mantener la “libertad total” de información durante la epidemia de coronavirus o permitir solo “fuentes oficiales”. En concreto, el instituto demoscópico pregunta al encuestado: “¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”.

Un 66,7 por ciento de las personas entrevistadas respondió que se deben restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información. Otro 30,8% asegura que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información. Y un 2% muestra sus dudas. Las encuestas de José Félix Tezanos, presidente del CIS, no dejan a nadie indiferente y esta no iba a ser menos, sobre todo teniendo en cuenta que trata sobre un asunto tan sensible como es el derecho a la libertad de expresión e información consagrado en la Constitución Española. Tal como era de prever, el barómetro ha abierto un agrio debate entre los partidarios de filtrar bulos y fake news y los puristas de la defensa de la libertad, que ven en la encuesta un intento de instaurar un régimen totalitario-rojo-comunista peligroso para la continuidad de España como nación. Sin embargo, si nos paramos un minuto a ver de dónde vienen las críticas más furiosas contra la propuesta de control de la basura informativa comprobamos que es precisamente la extrema derecha liderada por Vox quien ha hecho de esta guerra su cruzada particular. Por algo será.

No deja de ser curioso que aquellos que defienden un régimen dictatorial como fue el franquismo, en el que la censura arrasó toda posibilidad de prensa libre y de libertad de expresión durante 40 años, sean ahora quienes se rasguen las vestiduras ante el supuesto intento de Tezanos de implantar una hipotética mordaza marxista.

Pero vayamos por partes. Es un hecho empírico contrastado que Vox ha visto en la propagación de infundios y montajes políticos su principal arma política. Cabe recordar que el pasado mes de junio la propia Unión Europea puso al partido de Santiago Abascal como ejemplo de grupo de extrema derecha que utiliza habitualmente la desinformación y propagación de bulos en redes sociales en campaña electoral. “Descubrimos una red coordinada en Twitter, mezcla de bots y cuentas falsas, con el objetivo de impulsar hashtags anti-islam y amplificar apoyo al partido populista de derechas Vox”. Así lo aseguró el comisario de la Unión de la Seguridad, Julian King, durante la presentación de la Comunicación de la Comisión Europea sobre los progresos en la lucha contra la desinformación en la UE. En su informe, la Comisión llega a afirmar que “en los días previos a las elecciones [del 26 de mayo], las plataformas online identificaron y eliminaron cuentas que difundían desinformación y discursos de odio siguiendo las alertas de investigadores independientes y periodistas”.

En los últimos días Pedro Sánchez subió al atril de las Cortes para dirigirse a Abascal y a su ejército de millones de bots. No hace falta recordar cómo este grupo político, en plena pandemia y en medio del terror generalizado de la sociedad ante el brote de coronavirus, se ha dedicado a tratar de erosionar al Gobierno difundiendo bulos y mentiras de la máxima toxicidad. Uno de ellos, quizá el más sonado, se propagó en la cuenta de Twitter de esta formación política, que llegó a publicar la fotografía de un supuesto aparcamiento repleto de ataúdes con el acompañamiento del siguiente texto: “Las imágenes que el Gobierno quiere ocultar y las televisiones gubernamentales no emiten”. Por descontado, el montaje era falso pero se hizo viral y millones de personas lo compartieron en sus perfiles de redes sociales. Aunque el bulo fue desmontado por la prensa seria, el daño ya estaba hecho y una vez más se cumplió la máxima de “difama que algo queda” y también aquella profecía de Harry Truman (un presidente norteamericano bastante siniestro, por cierto): “Si no puedes convencerlos, confúndelos”.

Pero los bulos de Vox no se limitan únicamente a burdos montajes y memes fabricados por ordenador. Los propios diputados de la extrema derecha española los practican sin pudor cada vez que se suben a la tribuna de las Cortes, desde donde suelen propalar su nauseabunda ideología xenófoba y pseudofascista que choca abiertamente con la Constitución del 78 que dicen defender con tanta efusión (aquí no podemos pasar por alto que la extrema derecha de hoy es heredera de aquel patriarca, Manuel Fraga Iribarne, a quien en su día la Carta Magna le parecía una cosa de rojos). Ayer mismo, sin ir más lejos, el portavoz sanitario de Vox, el “doctor” Juan Luis Steegmann, acusaba al Gobierno de España de estar ocultando el número de muertos a causa de la pandemia, algo que es rotundamente falso ya que son las propias comunidades autónomas, entre ellas las gobernadas por el PP y Vox, las que facilitan las cifras diarias de la tragedia. Pero esta falsedad se ha difundido ampliamente en redes sociales apenas dos días después de que la diputada ultra Macarena Olona lanzara otra bomba fétida contaminante al acusar a Sánchez de estar aplicando “la eutanasia por la vía de los hechos” a los ancianos que mueren por coronavirus en las residencias de la tercera edad. La afirmación, además de una patraña, es mala retórica y mala literatura.

Resulta evidente que la maquinaria goebelsiana de Vox está funcionando a pleno rendimiento en estos días de caos y convulsión social, lo cual debería abrir el debate no acerca de la libertad de expresión −que en ningún momento peligra en España al estar blindada en la Constitución−, sino sobre si practicar el terrorismo informativo impunemente, difundiendo noticias falsas que causan grave daño en medio de un estado de emergencia nacional, debería tener consecuencias penales mucho más duras. En ese punto también sorprende que distintas asociaciones de periodistas hayan denunciado en las últimas horas que la pregunta de la encuesta del CIS es “tramposa y engañosa”. “La pregunta es algo tramposa porque prejuzga la respuesta. Es evidente que la mayoría de los ciudadanos está en contra de los bulos. En este momento de crisis, los ciudadanos quieren que los medios difundan información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables. Es decir, aquella información que les permite tomar decisiones con conocimiento de causa. A lo mejor, si preguntáramos si está usted dispuesto a una restricción total de la libertad de expresión para atajar los bulos, la respuesta sería distinta”, asegura Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Como era de esperar, la posición de FAPE ha dado oxígeno al PP, que no ha tardado ni cinco minutos en solicitar una comparecencia de Tezanos en el Congreso de los Diputados para que explique la inclusión de la espinosa pregunta en su barómetro mensual.

Hasta donde sabemos, nadie ha propuesto que sea el Gobierno quien tenga que controlar los bulos, lo cual descarta cualquier intención totalitaria. Afortunadamente en España existen unidades policiales telemáticas y jueces que trabajan con libertad e imparcialidad en asuntos que tienen que ver con las redes sociales. La alerta de Europa era una consecuencia lógica y una clara advertencia ante el auge de un partido de extrema derecha. Una democracia debe defenderse del terrorismo informativo, como del resto de terrorismos, con todas las armas a su alcance. Lo contrario es caer en el papanatismo y en la trampa de la ceremonia de la confusión de aquellos que, invocando una falsa libertad, pretenden precisamente lo contrario: destruir los derechos fundamentales de un sistema democrático.