Nuestra sociedad debate hoy en día sobre la pertinencia de un hipotético indulto a los condenados por la llamada “sentencia del procés”. Tertulianos hiperventilados, políticos taimados, independentistas irreductibles, patriotas de sacristía y gesto hipostasiado, famosos de todo pelaje y condición…todos se pronuncian sobre el indulto aún no aprobado, y sobre los efectos que el mismo tendrá sobre la convivencia e integridad de nuestro país.
El indulto es, en nuestro ordenamiento jurídico, una medida graciable. Es decir, que es potestad únicamente del Consejo de Ministros el aprobarlo o no. Su aprobación no implica nulidad o limitación alguna de la responsabilidad penal determinada por la sentencia condenatoria firme, es decir, de la “verdad jurídica” asociada a los hechos probados de dicha sentencia, sino que, parcial o totalmente, detiene el cumplimiento efectivo de la pena en base a criterios de justicia política o de utilidad social que poco o nada tienen que ver con los fundamentos jurídicos de la condena.
Además, tradicionalmente el indulto no podía ser impugnado ante los tribunales, salvo por motivos procedimentales. Decimos “tradicionalmente”, pues una sentencia relativamente reciente del Tribunal Constitucional referente al indulto de un conductor kamikaze abre la posibilidad de que el poder judicial entre a valorar la suficiencia y coherencia de la motivación gubernativa del indulto, impidiendo que el mismo sea total, pero no parcial.
Los políticos y militantes sociales independentistas condenados en la “sentencia del procés” lo han sido por delitos como la sedición, la malversación de fondos públicos o la desobediencia. Ninguno de ellos (o ellas) ha sido condenado por llevar a cabo “un golpe de Estado” y tampoco por un delito de rebelión que descartó expresamente el Tribunal Supremo en su sentencia. Algunos resultaron imposibles de aprehender por nuestro sistema penal, pero la mayoría de ellos y ellas están cumpliendo condena desde hace algún tiempo, sin mostrar “arrepentimiento”, pero tampoco ninguna conducta punible o antisocial en sus respectivos centros penitenciarios.
La fundamentación jurídica del indulto a estos presos es inatacable. El indulto, ya lo hemos dicho, es una potestad graciable del Consejo de Ministros. Una hipotética revisión judicial de la medida sólo podría dar como resultado convertirlo en parcial, lo que no tendría efecto práctico alguno, ya que el gobierno puede indultar a los penados sólo por la fracción de pena que les queda por cumplir.
La oportunidad política de este indulto puede ser debatida. Se afirma, por parte de la oposición, que el indulto de personas “no arrepentidas” sólo envalentonará a los independentistas, que verán que la sedición no tiene consecuencias. El gobierno, por su parte, indica que el indulto es una medida de concordia imprescindible, reclamada por gran parte de la ciudadanía catalana, que puede abrir un nuevo escenario que permita recuperar la convivencia en Cataluña.
Lo cierto es que este indulto es una condición necesaria, pero no suficiente, para dicha restauración de la convivencia en Cataluña. El llamado “problema catalán” es mucho más complejo y serio que las consignas que braman los chauvinistas hiperventilados de uno y otro bando, o los buenos deseos de una clase política que sólo apuesta por su reelección.
El “problema catalán”, en puridad, es el problema de España. El problema de la inacabada construcción nacional de una España que fundamentó su identidad como entidad política en una imaginería imperial periclitada, propia del Antiguo Régimen, y en las derivas autoritarias recurrentes de sus élites que han impedido, una y otra vez, constituirse a los pueblos de España en una “comunidad nacional de ciudadanos”.
España sufre no haberse constituido como Nación, es decir, como Comunidad Política de ciudadanos libre e iguales, tras la pérdida de las últimas colonias del Imperio. Sus élites dirigentes (entre las que había, no cabe negarlo, también muchos catalanes y vascos) han diseñado históricamente una España ciega a su esencia pluricultural, plurilingüe, diversa y múltiple. La diversidad irreductible (también ideológica) de España ha pretendido ser negada, una y otra vez, por medidas autoritarias, montañas de sangre, “consensos” falaces, y normas jurídicas adecuadamente diseñadas para no poder ser reformadas sin una ruptura brutal de la convivencia.
El problema del indulto a los presos del procés, no es un problema jurídico, ni un problema “de orden público”, ni una buenista cuestión de “concordia”. Es el problema de como reconstruir España cuando cerca de la mitad de la población catalana ha roto con su imaginario y con su proyecto.
Volver a suturar a la Patria española no pasa por la simple represión, que implicaría desplazar, aumentados, al futuro los problemas que ahora ya son bastante graves. Tampoco por indultar y olvidarse, procurando elevar un manto de silencio sobre el resto de militantes independentistas condenados o perseguidos y sobre el problema de fondo, para garantizar una precaria mayoría parlamentaria.
Se habla de una hipotética mesa de diálogo, tras los indultos, que poco podrá hacer si no puede hacer lo fundamental: involucrar a toda sociedad en un proceso de reconstrucción sobre nuevas bases. Unas bases que tienen que partir de la comprensión de que, en el mundo globalizado en el que vivimos, sólo las comunidades nacionales grandes y cohesionadas (Estados-Continente como China, Rusia o Estados Unidos) tienen alguna posibilidad de limitar los efectos perversos del libre flujo de los capitales. Pero también de la comprensión de que una realidad plural que no pudo ser homogeneizada por la brutal represión franquista, no va a desaparecer simplemente porque los togados y los que confunden patriotismo con bravatas y exabruptos decidan recurrir a la violencia, legal o no.
Así que la “mesa de diálogo”, para ser tal, tiene que implicar, en un proceso abierto y participativo, a toda la sociedad catalana. Obreros, independentistas, españolistas, profesionales, jóvenes, empresarios, mujeres…en un proceso de reflexión colectiva de masas.
Porque sólo ese proceso de reflexión y debate colectivos en toda la geografía española puede ser, en puridad, el proceso de construcción nacional que España necesita. Un proceso constituyente, abierto, plural, del que pueda salir una España de ciudadanos libres y libremente federados. La España que España se merece ser.
Sin un proyecto así, sin apelar a la creatividad de nuestro pueblo para resolver el problema territorial irresuelto por las élites, transitaremos una y otra vez por el trayecto pendular que nos condena a las derivas autoritarias o al caos cantonalista. Tenemos que inventar nuevas libertades, nuevos derechos, y nuevos abrazos federales. Y lo tenemos que hacer entre todos y todas, ya.
El problema esta muy bien planteado y no me cabe más que felicitarle por no ocultar, ignorar o despreciar las opiniones y las razones de quienes se oponen a los indultos.
Lo que estoy en completo desacuerdos es en el de la «inacabada construcción nacional de España» que usted atribuye a que sus élites «han diseñado históricamente una España ciega a su esencia pluricultural, plurilingüe, diversa y múltiple»
Yo creo que es todo lo contrario. Los problemas «nacionalistas» de España provienen de que en España en mayor medida que otros países de europa, se ha respetado la pluralidad linguística y cultural.
Francia tan lingüisticamtne plural como España impuso la homogenización cultural y no permite otra lengua de escolarización que el francés. Alemania homogeneizó su población eliminando a una parte de sus ciudadanos y tras la guerra desplazando a 10.000.000 de ciudadanos de origen alemán dentro de sus fronteras; un capitulo muy poco conocido.
En ningún lugar del mundo (que yo sepa) se inmersiona a los ciudadanos de la lengua mayoritaria oficial en una lengua minoritaria. Eso solo ocurre en España.
El problema del «nacionalismo»que usted llama «problema catalán» se ha producido precisamente porque España no homegenizó su población como si lo hizo Francia, Alemania o en Italia.
Los catalanes, de entre los más de 10.000 grupos entnolingüísticos, que forman los (+-) 200 naciones estado del mundo, son de los que más derechos culturales y lingüisticos tienen. Por lo cabe achacar su malestar a la discriminación ni a la falta de libertades.
El problema de los nacionalismos es que no se conforman con menos de tener cada uno su propia nación y su propio estado; algo imposible de satisfacer. En primer lugar porque segregar a los ciudadanos por etnias (una nación para cada pueblo) es inmoral. Y en segundo lugar es imposible trocear las 200 naciones existentes para crear 10.000 naciones étnicas (cada pueblo un estado y una nación) es un disparate.
Gracias por su amable objeción, Ortiz. Creo, sin embargo, que está analizando aisladamente algo que forma parte de un proceso más complejo. Es cierto que todos los Estados modernos se han conformado sobre dinámicas homogeneizadoras, que muchas veces han constituido auténticos etnocidios. De hecho, un hipotético Estado vasco o catalán, también se constituiría, no me cabe duda, sobre la negación y subordinación de los dialectos locales o en base a la sobredeterminación de concretas expresiones culturales como supuestamente representativas de la totalidad de lo catalán, en oposición a las variantes comarcales.
Sin embargo, también creo que no debemos partir de la asimilación entre nación y Estado. No hay duda de que el Estado español es, en estos momentos, un Estado compuesto y descentralizado, hasta cierto punto. Pero el imaginario cultural y político español, pese a ello, ha sido construido con una perspectiva que niega esa misma descentralización y pluralidad. Eso explica que gran parte de las élites vean cualquier avance en dirección federal como un delito contra la integridad territorial, contribuyendo a delimitar el debate en una dialéctica de «todo o nada». Por ello cada nuevo «Estatut» es un drama y una apelación al «guerracivilismo».
La homogeneización de Francia como Estado parte del sustrato de legitimidad conformado por la experiencia revolucionaria y democrática de 1789, que es la que afianza el proceso de construcción de Francia como Nación de los franceses. Hay un proyecto de país que es, al tiempo, universalista y profundamente francés. Una ilusión compartida, una «empresa común».
En España, sin embargo, la construcción del Estado se hace durante la mayor parte del siglo XX justamente en contra de la construcción de la Nación. Negando la nación y la democracia. El franquismo es un proyecto de homogeneización forzosa sin ilusión compartida, es más, por la simple fuerza de las armas. No hay «empresa común». Y las élites españolas actuales (en las que, repito, hay muchos catalanes y vascos) siguen entendiendo la españolidad en términos de «cruzada» e imposición, porque, en gran medida siguen interpretándola en base a perspectivas traídas del Antigüo Régimen (lo que unifica a la nación es la tradición cultural castellana y la Monarquía, y no un proyecto constituyente en común).
En ese sentido, el problema territorial tiene su origen, no tanto en la letra de la Constitución del 78 (que podría, incluso, ser interpretada de manera más federalizante o compuesta, como propuso en su momento alguien tan poco sospechoso de veleidades secesionistas como Herrero de Miñón), sino en los elementos culturales y sociopolíticos que articulan en bloque oligárquico dominante, las cosntumbres y nociones inveteradas de las élites que diseñan e implementan la política real. El problema no es si la Constitución es buena o mala, sino que la falta de un proceso constituyente digno de tal nombre, por la situación concreta en que se aprobó, la convierte en una carta otorgada más que en un contrato en común. Y eso es algo que despliega sus efectos sobre la construcción y el imaginario de la españolidad, de la nación española, tanto en Cataluña, como en el resto del país.
En todo caso, ya lo he dicho, gracias por la amabilidad de su respuesta.