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Los herederos del dictador que abolió la democracia en España recurren al más alto tribunal democrático

La familia Franco no tiene ningún pudor en invocar leyes del Estado de Derecho que su pariente liquidó tras el golpe militar y tres años de guerra civil

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A la familia Franco cada vez le quedan menos recursos para tratar de paralizar la orden del Tribunal Supremo de exhumar los restos del dictador. Ayer mismo los descendientes del general anunciaron que presentarán de forma inminente en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, solicitando que se adopte la medida cautelarísima de paralizar el traslado el féretro hasta que los magistrados del tribunal de garantías valoren el “fondo del asunto”.

Expertos juristas consideran que, más que ante un recurso judicial, estamos ante el recurso a la pataleta de los Franco, ya que casi con total probabilidad el Constitucional ni siquiera admitirá la pretensión, puesto que el tribunal solo tramita cuestiones concretas, tasadas, de procedimiento sobre vulneración de derechos fundamentales. No parece el caso. No obstante, la familia del dictador insiste en seguir adelante con su desafío al Estado de Derecho.

Joaquim Bosch, ex portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, considera que “la petición de fondo de la familia no tiene fundamento legal ni democrático”. Y añade además que “las instituciones de nuestro país han decidido, democráticamente, una ley que dice que un dictador que ha cometido gravísimas violaciones de derechos humanos y cuyas víctimas siguen en cunetas, no puede tener un panteón financiado por toda la sociedad”.

Bosch recuerda además que los procedimientos sumarísimos del franquismo “eran una farsa, sin la más mínima garantía, y la sentencia estaba decidida de antemano. Los jueces eran militares, con vínculos jerárquicos hacia sus superiores. Los acusados no podían elegir libremente abogados defensores”. De ahí que resulte todavía sea más esperpéntico que la familia del genocida apele ahora a un tribunal democrático, que otorga las máximas garantías a los ciudadanos, como es el Constitucional.

Los nietos de Franco acuden al Alto Tribunal un día después de que el Supremo les contestase que “no hay nada que aclarar” de su sentencia, en la que se da el visto bueno a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de inhumar al dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, la familia Franco pide al TC que ampare los mismos derechos fundamentales que ya reclamaron contra el acuerdo del Consejo de Ministros, es decir, que no le impidan decidir el destino de los restos de su abuelo (los herederos pretenden llevar el féretro a la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid).

Mientras se resuelve el asunto, los demandantes han solicitado que imponga la medida cautelarísima de suspender la ejecución de la sentencia, lo que supone que el TC deberá decidir con rapidez si acepta esta petición o no, sin pedir opinión a la Fiscalía ni al resto de partes.

La familia aseguró ante el Supremo que se estaba dando un trato discriminatorio porque el Gobierno estaba actuando para un caso concreto. También denunció que de avalar la exhumación y enterrar al dictador en el cementerio del Pardo-Mingorrubio, lugar designado por el Ejecutivo, se vulneraría su derecho a la libertad religiosa, así como el derecho a la intimidad familiar.

Sin embargo, la Sala rechazó todas estas alegaciones y explicó en su sentencia, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, que el objetivo de sacar los restos de Franco es retirar “del primer plano” cuanto “signifique, represente o simbolice el enfrentamiento civil” y que, por tanto, debía tenerse en cuenta la “extraordinaria singularidad de su figura”. Todo ello “no es incompatible con la libertad religiosa ni supone negar o desconocer las creencias de nadie”, afirmaron los magistrados.

Asimismo, la resolución subrayó que los familiares no tienen la última palabra pues no es una “facultad incondicionada” elegir el lugar de sepultura de los parientes y que ello no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar.

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ya adelantó tras conocer el fallo que recurrirían el mismo ante el TC al sentir una “profunda decepción” con la decisión del Supremo. “Nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiese pasar por alto clarísimos vicios de inconstitucionalidad como afecta al Real decreto ley y que, por otro lado, validase una actuación arbitraria y contraria a derecho”, dijo el letrado, que añadió que esta decisión se había adoptado “por razón de apellido”.

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