Durante los últimos años, los funcionarios antiterroristas de Estados Unidos han mantenido múltiples encuentros con sus homólogos europeos para discutir, analizar y actuar contra una amenaza emergente: los grupos de extrema derecha se vuelven cada vez más globales en su alcance.
Los neonazis estadounidenses, por ejemplo, viajaban para entrenar y luchar con las milicias en Ucrania. Las investigaciones de los organismos de lucha contra el terrorismo internacional encontraron vínculos entre los extremistas estadounidenses y el Movimiento Imperial Ruso, un grupo de supremacistas blancos que entrenaba a extranjeros en sus recintos de San Petersburgo.
Otro ejemplo de esa globalización de estos grupos de extrema derecha lo encontramos en un hombre armado acusado de matar a 23 personas en un centro comercial Walmart de El Paso (Texas) en 2019 que había denunciado una «invasión hispana» y elogiado a un supremacista blanco que mató a 51 personas en mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y que se había inspirado en violentos racistas estadounidenses e italianos.
Sin embargo, los esfuerzos por mejorar la cooperación transatlántica contra la amenaza se toparon con un obstáculo recurrente. Durante las conversaciones y las comunicaciones, altos funcionarios de la administración Trump se negaron rotundamente a utilizar el término «terrorismo de extrema derecha», lo que provocó disputas y confusión con los europeos, que habitualmente utilizan la expresión correcta. En concreto, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional utilizaron en esas conversaciones eufemismos como «extremismo violento por motivos raciales o étnicos», mientras que el Departamento de Estado eligió «terrorismo por motivos raciales o étnicos».
Había una verdadera aversión a usar ese término en el lado estadounidense, una aversión provocada por los designados políticos en la Administración Trump.
La respuesta de Estados Unidos a la globalización de la amenaza de la extrema derecha ha sido lenta, dispersa y politizada.
Según un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la que Diario16 ha tenido acceso, existió una acusación a los líderes del DHS de minimizar la amenaza de la supremacía blanca y desmantelar una unidad dedicada a combatir el extremismo doméstico.
En 2019, un alto funcionario del FBI declaró ante el Congreso de los Estados Unidos que la agencia dedicó solo un 20% de sus recursos antiterroristas a la amenaza de la extrema derecha.
Exfuncionarios antiterroristas han denunciado que la política de Donald Trump dificultaba su trabajo. El desacuerdo sobre cómo llamar a los extremistas fue parte de una preocupación mayor sobre si la administración estaba comprometida con la lucha contra la amenaza.
Las agencias federales evitaron el término «terrorismo de extrema derecha» porque no querían dar legitimidad a los extremistas al colocarlos en el espectro político, o alimentar la intensa polarización de Estados Unidos. Algunas causas propugnadas por los supremacistas blancos, como el uso de la violencia para proteger el medio ambiente, no se consideran una ideología tradicionalmente de derecha.
Sin embargo, lo importante y preocupante es que los europeos y los americanos estaban hablando de las mismas personas y organizaciones.
Desde que Trump ya no está en el cargo, los europeos y los estadounidenses han avanzado realmente en una mejor cooperación contra los terroristas de extrema derecha. Las conclusiones de ese trabajo son escalofriantes, dado que, al igual que la amenaza islamista, está quedando claro que la amenaza de la extrema derecha es internacional.
En diciembre de 2020, un programador informático francés se suicidó después de donar cientos de miles de dólares a causas extremistas estadounidenses. Los destinatarios de esas transferencias incluían un sitio web de noticias neonazis.
El terrorismo de extrema derecha ya es global y así lo están vigilando las diferentes agencias de seguridad europeas y estadounidenses porque ya tienen como cosa cierta que en Europa estas organizaciones están adquiriendo hábitos y aspectos de las americanas y viceversa.
Estas alianzas internacionales hacen que los grupos extremistas sean más peligrosos, pero también crean vulnerabilidades que las fuerzas del orden podrían explotar.
Las leyes en Europa y Canadá permiten a las autoridades prohibir los grupos extremistas nacionales y realizar una vigilancia agresiva de los presuntos miembros. Sin embargo, las leyes de libertades civiles de Estados Unidos, que se remontan a la garantía constitucional de libertad de expresión enunciada en la Primera Enmienda, son mucho menos amplias.
El FBI y otras agencias tienen una autoridad considerablemente mayor para investigar a individuos y grupos estadounidenses si desarrollan vínculos con organizaciones terroristas extranjeras. Hasta ahora, esas herramientas legales no se han utilizado en relación con el extremismo de extrema derecha.
