Tal y como adelantamos en Diario16 el día 15 de diciembre de 2018, se pudo haber iniciado, presuntamente, una operación en ciertos niveles de la sociedad española para que Rafael Ramírez pudiera afincarse en España. El ex presidente de PDVSA está reclamado por la Justicia de varios países, sobre todo en Venezuela y Estados Unidos, por presuntos delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero. Necesita un país donde residir, un país donde sabe que tiene la protección política de la derecha y la empresarial de los socios a los que hizo millonarios y que están afincados en España donde viven con total impunidad a pesar de que muchos de ellos están incursos procedimientos judiciales por, entre otros, los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal y corrupción.
Para ello, según fuentes consultadas por Diario16, el entorno de Ramírez se pudo haber puesto en contacto con el ex juez Baltasar Garzón para que éste intentara negociar un acuerdo con la Fiscalía española. El acuerdo que supuestamente se pudo haber negociado —o no— pasaría por la presentación voluntaria del ex presidente de PDVSA a las autoridades españolas, aceptar un año de cárcel y luego la libertad, disfrutando de la totalidad de la fortuna que amasó a costa del pueblo venezolano. Según las mismas fuentes, la influencia y la experiencia del ahora abogado con importantes personalidades latinoamericanas, como puede ser el caso de Leonel Fernández —ex presidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Funglode—, un político muy cuestionado por su presunta relación, directa o indirecta, con Odebrecht desde el año 2007.
Desde luego, en la Venezuela de Juan Guaidó Ramírez jamás recibiría un trato así puesto que, según han confirmado a Diario16 fuentes del entorno más cercano al presidente encargado, el que fuera el máximo mandatario de PDVSA sería encarcelado de inmediato, en el mismo instante en que pisara suelo venezolano. Este hecho, supuestamente, podría extenderse a todos sus socios y asesores.
El diario El Mundo ha publicado en estos días cómo el propio despacho de Baltasar Garzón hizo una propuesta de 3,4 millones de euros para encargarse de la defensa de Diego Salazar en el procedimiento que tenía abierto en Andorra por presunta malversación de caudales públicos y por asociación ilícita. Salazar, primo de Rafael Ramírez, es uno de los bolichicos que se benefició de los miles de millones de dólares sacados de PDVSA.
Según publicó el Wall Street Journal, Salazar era el encargado de pedir y cobrar sobornos a empresarios que querían hacer negocios en Venezuela. El medio norteamericano ponía el siguiente ejemplo: «Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de US$ 1.500 millones de la petrolera estatal venezolana. Pero cuando llegaron a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar, dijeron dos personas que participaron en esa reunión de 2006. Salazar, dicen estas fuentes, fue directo al grano: si querían entrar en carrera, los españoles tenían que pagar por lo menos US$150 millones en sobornos. “Si no, deben regresar al aeropuerto”, les dijo Salazar». Los empresarios se volvieron a España. Este hotel se encuentra a escasos metros del lugar donde tenían su despacho Jorge Neri y Baldo Sansó.
Sin embargo, no es el único del entorno de Ramírez que está siendo representado por los bufetes más exclusivos de España. Además, según el propio despacho de Garzón, la propuesta no se llevó a efecto.
Otro despacho que está cercano al entorno de los bolichicos de Ramírez es Cremades & Calvo Sotelo, quien está defendiendo actualmente los intereses de otro de los socios de Ramírez: Jorge Neri Bonilla. Ya hemos mostrado en estas páginas pruebas evidentes de la asociación de Neri con Ramírez. Recordemos cómo diseñaba campañas de PDVSA y remitía los correos con ese diseño a la cuenta de Gmail de Baldo Sansó, el cuñado de Ramírez, el hombre que dictaba las órdenes de con quién se debían abrir las grandes negociaciones en PDVSA. Sansó llegó a ostentar el cargo de Jefe de comercialización de PDVSA. En la actualidad está reclamado por la Justicia por corrupción. No se sabe dónde vive, aunque todo indica que podría estar en Italia pero, para entender cómo el entorno de Ramírez actuaba, no hay más que recordar lo que el propio Sansó afirmó a la periodista Rory Carrol: «Pagaban dos millones de dólares cada uno sólo para reunirse conmigo», en referencia a las multinacionales que querían hacer negocio con la PDVSA de Ramírez. Por otro lado, según informa CCNesnoticias, Sansó tiene «todos sus datos borrados de Google. Ni la Interpol sabe nada. Hay quienes aseguran que se hizo una cirugía de rostro y cambió sus huellas digitales. El dinero lo puede todo».
Este es el hombre a quien Jorge Neri remitía a su cuenta personal de Gmail los diseños de las campañas de PDVSA en Europa. También podemos recordar cómo Jorge Neri, junto a su socio Baldo Sansó, tenían la capacidad de acceso a Rafael Ramírez como para organizar reuniones con él:
Lo que realmente sorprende del despacho de Javier Cremades es cómo puede estar defendiendo al mismo tiempo los intereses de un bolichico como Neri y los de Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana. ¿Cómo es posible que esto ocurra?
El hecho de que defendiera los intereses de López o de que se le vea constantemente en compañía de Leopoldo López padre ha hecho que el abogado malagueño se convierta en una de las voces de la oposición venezolana en España. Esto provocó que, en el mes de marzo, días antes de que Cremades acompañara al Jefe del Estado a Argentina, se publicara en el diario Expansión una noticia por la cual su bufete había recibido el encargo de Juan Guaidó de iniciar las medidas legales para la congelación de activos de los bolichicos en España. Esa noticia fue desmentida por el Procurador General.
Por otro lado, fuentes del entorno de máxima confianza de Juan Guaidó confirmaron a Diario16 que «la única persona que tiene potestad para celebrar contratos con bufetes de abogados e intentar acciones judiciales es el procurador general especial designado por la Asamblea Nacional. Ha desmentido públicamente que él le hubiera dado poder alguno a ningún abogado. Eso está descartado […] Lo que sí estoy seguro es que él [por Cremades] no tiene ningún contrato del gobierno de Juan Guaidó, no tienen ningún poder otorgado por la Procuraduría General Especial para que participe en juicios».
A día de hoy ni Cremades ni su despacho han publicado ni emitido ningún comunicado para desmentir esa noticia, al menos del mismo modo en que fue publicada en Expansión. Diario16 intentó ponerse en contacto con Javier para hablar sobre este asunto y, tras varias conversaciones con uno de los socios del bufete, Gabriel Fernández y con su director de comunicación y marketing, Juan Miguel Olry de Labry y Lima, no volvimos a tener ninguna respuesta ni, por supuesto, contacto con el presidente del bufete.
