El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha presentado un informe ante la Asamblea General donde destaca que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.
Este hecho quedó puesto de relieve en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos donde se convino en exhortar a la comunidad internacional a que hiciera cuanto pudiera por aliviar la carga de la deuda externa de los países en desarrollo a fin de complementar los esfuerzos que desplegaban los Gobiernos de esos países para hacer plenamente efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos.
En el informe, al que Diario16 ha tenido acceso, se destaca la primacía de los medios de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y subraya a este respecto los principios fundamentales de la cooperación internacional, que son esenciales para conseguir en la práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También se destaca la determinación expresada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de ayudar a los países en desarrollo a lograr «la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y de hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo», afirma el documento en el que se reconocen los compromisos contraídos en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.
Sin embargo, la Comisión de Derechos observa que, a pesar de las iniciativas internacionales para el alivio de la deuda, muchos países siguen siendo vulnerables a las crisis de la deuda y algunos están en medio de una crisis más profunda debido a la pandemia, entre ellos varios países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, así como algunos países desarrollados.
La Comisión de Derechos Humanos reconoce que hay una aceptación más generalizada de que el aumento de la carga de la deuda de los países en desarrollo más endeudados es insostenible y constituye uno de los principales obstáculos para lograr avances en materia de desarrollo sostenible centrado en las personas y de erradicación de la pobreza, y de que el «excesivo costo del servicio de la deuda ha limitado sobremanera la capacidad de muchos países en desarrollo y algunos países desarrollados para promover el desarrollo social y prestar servicios básicos a fin de crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales», señala el informe.
Todo esto provoca que, a pesar de los repetidos reescalonamientos de la deuda, los países en desarrollo siguen pagando cada año más de lo que reciben en concepto de asistencia oficial para el desarrollo.
El informe incide, evidentemente, que los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, incluso en tiempos de crisis económica y financiera o una pandemia mundial, además de asegurarse de que sus políticas y medidas no provoquen un retroceso inadmisible de la labor destinada a hacer efectivos los derechos humanos, como se reconoce en los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes.
El informe reconoce que cada Estado tiene el derecho soberano a reestructurar su deuda, que no debe verse frustrado ni obstaculizado por ninguna medida procedente de otro Estado.
Además, el informe señala uno de los mayores males del mundo y reconoce que los flujos financieros ilícitos, entre ellos la evasión fiscal por particulares con grandes patrimonios, la evasión fiscal comercial mediante la facturación fraudulenta y la elusión de impuestos por empresas transnacionales, contribuyen a que se acumule una deuda insostenible, al privar a los Gobiernos de ingresos fiscales internos, lo que puede obligarlos a recurrir a préstamos extranjeros.
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos afirma que es fundamental reformar la arquitectura financiera mundial, incluidas las agencias de calificación crediticia, y que esas agencias deberían desempeñar un papel en la prevención de las crisis de deuda y poniendo de relieve que se necesita, ahora más que nunca, una arquitectura financiera internacional más eficaz para dar respuesta a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia.
Por todo ello, el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados, los bancos, las instituciones financieras internacionales y el sector privado a que tomen urgentemente medidas para aliviar el problema de la deuda de los países en desarrollo, de manera que puedan liberarse más recursos financieros y dedicarse a la atención médica, la investigación y el tratamiento de la población en los países afectados.
