En las últimas décadas, los ciudadanos han sido testigos cómo la corrupción política se ha adueñado de las concesiones o de las adjudicaciones de los servicios públicos a determinadas empresas. Servicios de agua, de limpieza de las calles, administrativos, sanidad, ocio y deporte, vivienda, jardinería, atención telefónica al ciudadano, etc., son algunos de los servicios públicos externalizados y que, de un modo u otro, han sido investigados por las fuerzas de seguridad del Estado o por la Justicia.

Durante las últimas semanas hemos publicado la situación de la empresa Forus, como ejemplo de lo que está ocurriendo en España con las instalaciones deportivas, sin que nadie haya demostrado o investigado ningún presunto comportamiento o actividad de supuesta corrupción. El modelo de negocio de esta empresa está muy cercano al modo de actuar de los fondos buitres: adquiere las concesiones de las anteriores adjudicatarias que se encuentran en dificultades económicas por un precio muy bajo y haciéndose cargo de la gestión integral de esos centros deportivos.

El crecimiento de Forus, como hemos visto en artículos anteriores, ha sido exponencial, pasando de facturar apenas 4 millones de euros a 40 millones en apenas 8 años:

Para lograr estos números es necesario un alto endeudamiento a través de diferentes operaciones en las que han intervenido entidades como Bankia, BBVA, el fondo Baring, Alantra, JP Morgan, etc. Según afirmó el propio Ignacio Triana a Diario16, «el apalancamiento de sus empresas se debe a que la banca, tanto española como entidades no financieras como JP Morgan, confían en la solvencia de sus sociedades».

Sin embargo, el crecimiento principal se inició en los ayuntamientos del llamado Cinturón Rojo de Madrid, gobernado en los primeros años de actividad de Forus tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista.

Ignacio Triana reconoció a este medio que lo bueno de este negocio era que siempre ganaba el que más dinero ponía encima de la mesa. Sin embargo, ¿cómo es posible que Forus se llevara las concesiones? El gimnasio Fitnetss Place, tras el anuncio de su cierre y precinto por parte del Ayuntamiento de Coslada alegando una deuda de 248.400 euros y que carecía de licencia de apertura, denunció en 2016 trato de favor municipal a Forus en las instalaciones de El Plantío. Denunció además que las ventajas fiscales a la empresa de Triana les «han reventado el negocio» y que la empresa Forus no tuvo que llevar a cabo «ninguna inversión».

En referencia al contrato del centro de Getafe Norte,  firmado con el gobierno de Juan Soler, quedó «bien agarrado» el proceso de «privatización», según afirmó en 2017 el concejal socialista de deportes Javier Santos, puesto que dicha concesión tiene una duración de 30 años y con unas condiciones por las que el Ayuntamiento no podría hacer frente a la remunicipalización.

Tomando como ciertas las palabras de Ignacio Triana, el presidente de Forus, de que en el negocio de las instalaciones deportivas gana siempre el que pone más dinero, ¿cómo fue posible que en aquellos años una empresa con pocos años de actividad y facturando menos de 10 millones de euros pudiese ser la que pusiese la mejor oferta económica? ¿Trabajó Forus con información privilegiada? Si así fuera, nos estaríamos encontrando ante un nuevo presunto caso de corrupción política para favorecer a un tercero.

Según el sindicato CGT, en Móstoles, en el año 2013, se produjo otra adjudicación extraña que tuvo a Triana como protagonista: la privatización del Polideportivo Los Rosales. “Un proceso lleno de dudas sobre su legalidad”, dice CGT. El Ayuntamiento de Móstoles cedió las instalaciones a una empresa privada y junto a las instalaciones, la organización y realización de actividades deportivas en las mismas. ¿Reportó beneficios económicos al municipio esta privatización? No demasiados. La cesión se hace por un canon total (cantidad a pagar por la empresa al Ayuntamiento) de 1.177.679,01 euros. Esta cantidad tiene un curioso plan de pagos: los cinco primeros años la empresa no tiene que pagar nada, salvo un canon inicial de 60.000 euros. A partir del quinto año de cesión, Forus pagará un canon anual de explotación durante un total de 20 años que comienza por 46.000 euros al año y acaba incrementándose a 67.000 euros en el año 2038. Mientras tanto, la empresa de Triana factura por las cuotas de los ciudadanos que utilizan estas instalaciones.

Todas estas dudas que han generado las concesiones a Forus desde el ámbito público se incrementan por ingente capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. ¿Cómo es posible que una sociedad que facturó 39 millones de euros en 2018 pueda tener un apalancamiento 7 veces superior a su Edibta?

Además, Forus está creciendo, precisamente, a esa capacidad de endeudamiento que le permite el pool bancario con el que trabaja, principalmente con Bankia. ¿Tendrá que ver que entre sus socios se encuentra el fondo Baring, heredero del Barings Bank que fue protagonista en los años 90 de una de las mayores quiebras de la historia, quiebra provocada por los movimientos fraudulentos de uno de sus principales ejecutivos? Mientras un pequeño empresario necesita justificar hasta lo injustificable para conseguir un préstamo de una entidad bancaria, la empresa de Triana accede a ampliaciones constantes de su deuda. Según el presidente de Forus, esto se debe a la solvencia de su empresa que da confianza a los bancos.

Sin embargo, ¿qué solvencia puede acreditar si no tiene prácticamente patrimonio propio, más allá de los activos de las concesiones, y un capital social de 24.000 euros? ¿Tanta fuerza de negociación tiene Baring como para haber ampliado la deuda de Forus casi hasta los 100 millones de euros por la operación de compra de varios gimnasios de Santagadea Sports? ¿O es que hay algo más?

A pesar de que el propio Triana ha afirmado a Diario16 que no tienen relación con ninguna de las fuerzas políticas de los municipios en los que ha logrado las concesiones, es normal que surjan las sospechas de que pudiese haber habido algún tipo de presunto favorecimiento político a Forus, todo ello, además, unido a las denuncias de diferente tipo realizadas por su gestión de estos centros.

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