La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, han suscrito hoy un convenio que habilita a estos profesionales para tramitar electrónicamente las solicitudes de autorización de residencia, y certificar que el solicitante aporta toda la documentación solicitada por la Administración, en los expedientes que afectan a inmigrantes que quieren desarrollar actividades económicas en España.
Con la firma de este convenio, el Gobierno continúa en la línea de desarrollar mecanismos para atraer y retener en España talento y emprendimiento extranjero que aporte competitividad a la economía nacional y potencie su internacionalización.
El acuerdo permitirá, según la Secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, “agilizar la tramitación de este tipo de solicitudes de residencia, que el año pasado superaron las 25.000, para personas que quieren invertir en España y aportar su cualificación profesional a la economía nacional”.
Con este objetivo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones ha potenciado su Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, que es la responsable de valorar este tipo de peticiones, y ha articulado la posibilidad de llegar a acuerdos con colectivos e instituciones que, como los Gestores Administrativos, puedan contribuir a una resolución rápida y ágil de los expedientes presentados.
Inmigración regular, ordenada y segura
España necesita, según afirmó Rumí, “una inmigración regular, ordenada y segura que permita la llegada de los trabajadores que demanda la economía española. La inmigración irregular es la más llamativa y mediática, la más trágica por la pérdida de vidas humanas que en ocasiones provoca, pero no es la más importante. En estos momentos hay más de 5 millones de extranjeros que viven de forma regular en España y que con su actividad contribuyen a hacer grande al país”
Con la firma de este convenio, el Gobierno continúa en la línea de desarrollar mecanismos para atraer y retener en España talento y emprendimiento extranjero que aporte competitividad a la economía nacional y potencie su internacionalización
La legislación española establece una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta para la concesión del permiso de residencia para el desarrollo de una actividad empresarial en España y que afecta a inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados investigadores o trabajadores que realicen movimientos intra empresariales dentro del mismo grupo empresas.
El elemento prioritario en la valoración de la solicitud es la creación de puestos de trabajo, pero también se tienen en cuenta parámetros como la innovación de la actividad a desarrollar, la inversión a realizar o el valor añadido que puede aportar a la economía nacional.
