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Los funcionarios de Hacienda piden que se investigue al rey emérito por fraude fiscal y blanqueo

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Los técnicos e inspectores del sindicato de Hacienda Gestha han pedido a la Agencia Tributaria (AEAT) que investigue a Juan Carlos I por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es lo lógico en cualquier país democrático, donde ningún gobernante debe estar por encima de la ley, por mucho que venga de rancio abolengo y tenga sangre azul. Los funcionarios han formulado esta petición después de que la Mesa del Congreso haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre las actividades económicas del rey emérito y a raíz de que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “amiga entrañable” del monarca, haya afirmado que en el año 2012 recibió 65 millones de euros desde una cuenta suiza como “regalo” o donación de Don Juan Carlos.

Cada vez son más los colectivos profesionales que reclaman una investigación en profundidad sobre el patrimonio del anterior jefe del Estado, que según la revista Forbes puede ascender a más de 2.000 millones de euros. En este caso son los técnicos de Hacienda quienes recuerdan que las presuntas irregularidades tributarias del monarca, investigadas por el fiscal suizo Yves Bertossa, aún no han prescrito, por lo que pueden ser investigadas y sancionadas. En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, Gestha afirma que las declaraciones de varios implicados en el “caso de los testaferros y de los papeles de Ginebra” ante la Fiscalía helvética confirman sospechas “sólidas y suficientes” para que la AEAT ordene iniciar una investigación sobre Juan Carlos I, tal como haría con cualquier otro contribuyente, demostrándose así que ya no existen “escudos fiscales” ni siquiera para proteger a la Familia Real.

Los técnicos de Hacienda lamentaron en septiembre de 2018 que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviado al juez en relación con las declaraciones del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero del rey emérito fuera “tan simple como para afirmar que no figuraba como titular de cuentas en Suiza”, tal como se desprende del auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Aquella decisión supuso que no se investigara ninguna de las presuntas propiedades y cuentas millonarias del ex jefe del Estado del Reino de España, según Gestha.

Además, el sindicato de funcionarios de Hacienda recuerda que el rey emérito podría haber incurrido en “infracciones tributarias muy graves e incluso además de un posible delito de fraude fiscal agravado”. El colectivo considera, en ese sentido, que “podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones”.

Gestha aclara que la presunta falta de declaración tributaria de la donación de Juan Carlos a Corinna (los supuestos 65 millones de euros transferidos a la sociedad panameña Lucum Foundation) “llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF de 2015”. Y también plantean investigar el “presunto delito fiscal agravado del IRPF de 2012”, que podría investigarse penalmente hasta 2023. Aunque los técnicos admiten que esas pesquisas dependen en buena medida de la “amplitud que el Tribunal Supremo, y en su caso el Tribunal Constitucional, otorguen a la inviolabilidad anterior a su abdicación el 19 de junio de 2014”.

Los funcionarios entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas en calidad de gestores, intermediarios o testaferros, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de los supuestos negocios del rey emérito.

Finalmente, Gestha señala la conveniencia de que el resto de los miembros de la Familia Real hagan públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que “zanje cualquier especulación o implicación en este caso o en el futuro”. Especialmente, añaden, tras haberse conocido en 2013 la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón, padre del rey emérito, dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas.

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