El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ofrece datos por territorios de la situación laboral del personal de la Administración General del Estado (AGE). De los 179.991 empleados y empleadas públicos con que cuenta, 64.412 (35,79%) trabajan de forma presencial y 99.178 (55,10%) en fórmulas de trabajo no presencial. Por otro lado, 2.451 (1,36%) se encuentran en situación de aislamiento por COVID-19 y 1.026 (0,57%) son voluntarios en servicios sociosanitarios o con colectivos vulnerables. El resto de efectivos se encuentra en otras situaciones, permisos o bajas.
Hace un mes, las empleadas y empleados públicos que trabajaban de forma presencial en la AGE eran 46.618 (25,9%), hoy son un 10% más y, a partir de las próximas semanas, el trabajo presencial irá aumentando gradualmente.
Incorporación presencial
La ministra Carolina Darias firmó el mes pasado con los sindicatos integrados en la Mesa General de Negociación de la AGE las medidas para la incorporación presencial progresiva de las empleadas y empleados públicos en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad, con objetivos prioritarios: mantener fórmulas de trabajo no presencial, atención preferentemente telemática, aforos más reducidos en la atención al público, cita previa y adoptar medidas de prevención y seguridad, siguiendo las recomendaciones sanitarias, para garantizar la salud del personalLas empleadas y empleados públicos aislados por COVID-19 son hoy 2.451, un 153% menos que hace dos meses (6.203), y un 72,41% menos que hace un mes (4.226).
Aumenta cada día el número de empleadas y empleados públicos que de forma voluntaria solicitan trabajar en labores sociosanitarias o atendiendo a colectivos vulnerables, acogiéndose a la disposición 18ª del Real Decreto-ley 11/2020, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Hoy son 1.026 los voluntarios frente a los 406 de mediados de abril, un 153% más en solo mes y medio.
