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Los Franco tildan de “inconstitucional y fraudulento” el procedimiento para exhumar los restos del dictador

La familia del caudillo acusa al Gobierno de “farsa administrativa” para dar cobertura legal “a una decisión tomada de antemano por Sánchez”

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La familia de Francisco Franco sigue peleando para que los restos del dictador no salgan del Valle de los Caídos.

Además de advertir de que el proyecto de exhumación incurre en «múltiples y graves incumplimientos de la legalidad urbanística», con «la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial», la familia Martínez-Bordiú Franco afirma que el procedimiento seguido es una «farsa administrativa» para dar «cobertura legal» a una decisión tomada de antemano por Sánchez.

La familia considera inconstitucional y «fraudulento» el trámite administrativo que emplea el Gobierno porque se ampara en un real decreto ley para establecer «un procedimiento de carácter singular, única y exclusivamente dirigido» a la exhumación de Francisco Franco, «excluyendo del mismo a cientos de afectados por la citada norma».

Así, la familia se reafirma en enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena si se exhuman sus restos en el Valle de los Caídos y argumenta que la afluencia de público prevista no presentaría riesgos para la seguridad, porque sería muy inferior a la de los partidos de fútbol.

“La afluencia de público prevista no presentaría riesgos para la seguridad, porque sería muy inferior a la de los partidos de fútbol”

En el escrito de alegaciones finales al expediente de exhumación que ha presentado su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, la familia Martínez-Bordiú Franco denuncia las «múltiples irregularidades» que presenta el proyecto gubernamental, así como «el incumplimiento por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria».

Según recalca en un comunicado, la familia reprocha a la Comunidad de Madrid «haber obviado la condición de cadáver embalsamado de los restos mortales» cuando, el pasado diciembre, la Dirección General de Salud madrileña contestó al Gobierno de Pedro Sánchez que la exhumación «no está sometida a ningún requisito administrativo sanitario».

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