Mucho se ha hablado y debatido sobre el tratamiento que los diferentes países han dado al COVID-19, y dentro de ellos los distintos entes subnacionales, en especial lo que se ha hecho para acotar el número de víctimas.
Al respecto Argentina con su cuareterna que incluyo un año completo sin clases presenciales fue un ejemplo de lo que no se debía hacer, puesto que los resultados en cuanto a contagiados y muertos fueron muy malos, incluso con los subregistros denunciados públicamente por diversas entidades internacionales, políticas y científicas.
Sin embargo el gobierno pretende instalar la idea contrafáctica que si no se hubiera hecho lo que se hizo, todo hubiera sido peor, algo por demás incomprobable y, además, increíble, puesto que los indicadores argentinos de 2020 han sido muy malos. En términos sociales. En términos sanitarios. En términos educativos. En términos económicos. En casi cualquier indicador que se analice, Argentina reprueba el examen, pero hay un indicador en el que dada la historia reciente era muy poco creíble que Argentina pudiera retroceder tanto, y sin embargo lo hizo, el respeto de los derechos humanos.
Los casos de violación a los derechos humanos durante la cuarentena han sido numerosos, públicos y notorios, los casos de violencia institucional se sucedieron sin mayor accionar estatal de condena ni esclarecimiento y se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, incluso muchos de ellos terminando en la muerte. Pero además fueron numerosos los casos de abuso de autoridad de parte de quienes debían garantizar la aplicación de los protocolos establecidos por las autoridades nacionales a fin de evitar la propagación de la pandemia.
Desde detenciones por averiguaciones de antecedentes, a remisiones a comisaría por no contar con un permiso de circulación. Desde desarrollar app para poder circular por el país aun cuando no había normativa que lo impidiera, a mantener detenidos a ciudadanos por ser contactos estrechos de contagiados por COVID-19.
Esto último, que parece extraído de un cuento de ciencia ficción futurista, es una realidad cotidiana en Formosa, una provincia norteña de la Argentina. Lindante con Paraguay, es gobernada desde hace 33 años por Gildo Insfrán, los primeros ocho años como vicegobernador y desde 1995 como gobernador. Formosa es la provincia argentina con menor índice de Desarrollo Humano, 0,806 frente a la Ciudad de Buenos Aires que tiene el mayor índice del de desarrollo humano del país con 0,867 (Jaén y Badajoz son las provincias españolas con menor índice alcanzan a 0,858 en cada caso y Madrid la que mayor índice tiene, 0,945) y un lugar donde los derechos humanos no se respetan.
Numerosas denuncias de la oposición política lograron que el tema adquiriera relevancia nacional, y el Gobierno nacional, como es su costumbre, lo minimizó hablando de una campaña política en contra del gobierno provincial, peronista como el nacional, pero el secretario de Derechos Humanos del país, Horacio Pietragalla afirmó a medios radiales tras su visita a Formosa que ‘Las denuncias eran que había violaciones a los derechos humanos, que había torturas. Lo que encontramos fueron personas aisladas con buena comida, ventilación’, en lo que parecía un déja vú de las declaraciones de quienes negaban la existencia de Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura militar, de quien el Secretario Pietragalla es víctima puesto que fue apropiado tras el secuestro de su madre, y agregó que ‘Es imposible que no haya violencia institucional. Para eso estamos trabajando. Para que cada vez haya menos, pero lamentablemente es imposible’, en lo que parece un déja vú de las declaraciones de quienes justificaban la existencia de grupos parapoliciales durante el gobierno peronista de la década del ’70 del siglo pasado, de quien el Secretario Pietragalla es víctima puesto que su padre fue asesinado por la peronista Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A.
¿Qué ocurre en Formosa? Inicialmente la Provincia cerró sus fronteras interiores cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, prohibiendo el regreso a sus casas a quienes se hallaban circunstancialmente fuera de su territorio. Para evitar los contagios controló y limitó fuertemente la circulación en su interior, lo que generó que fuera de las últimas provincias argentinas en tener casos positivos, aun teniendo en sus fronteras tres focos de contagio importante como la provincia de Chaco, Salta y Paraguay. La gota que derramó el vaso fue la realidad vivida en los centros de aislamiento, que bien parecen centros de detención, puesto que albergan a las personas contagiadas, y son el único lugar donde deben cumplir su aislamiento obligatorio, además, en estos centros también deben guardar aislamiento los contactos directos de quienes han sido contagiados. Puede parecer un exabrupto pero es una política deliberada del gobierno formoseño puesto que el jefe del bloque de senadores nacionales peronista, oriundo de dicha provincia, José Mayans afirmó que ‘El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia’, pretendiendo cercenar la democracia de ‘manera democrática’, un desatino. Lamentable en un legislador surgido en democracia. Y una vez más apelando a lógica contrafáctica sostiene que el proceder que se aplica en Formosa ‘es la estrategia que han dictado los profesionales, no la dictamos nosotros. Nos dijeron «háganlo así o prepárense para contar muertos por miles»’.
Para quien no lo recuerde el Senador José Mayans es un político formoseño que se desempeñó durante 14 años como legislador provincial y en los últimos 20 como Senador Nacional, siempre en representación del peronismo. Es decir, es un señor que lleva más de la mitad de su vida como representante popular.
Para despejar dudas sobre una utilización política nacional de la realidad formoseña, se pueden tomar los anuncios de Amnistía Internacional, que afirmó (https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/01/AIAR-Carta-SDH-visita-Formosa.pdf) que ‘Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al COVID-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de gobierno. El importante rol de la Secretaría a su cargo exige una respuesta a la altura de las denuncias recibidas por parte de personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que por sus condiciones las expusieron al contagio, la indeterminación de los plazos del aislamiento durando incluso hasta 30 días, la falta de acceso a los resultados de sus testeos de COVID-19 e información precisa sobre su situación de salud, la custodia por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud esporádica, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación de mala calidad, la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad, entre otras graves denuncias, que incluso relatan traslados y liberaciones repentinas ante el anuncio de la visita de esta Secretaría’, dejando en claro que no comparte el accionar del gobierno formoseño.
Y agrega Amnistía que ‘Desde Amnistía Internacional consideramos que no puede asimilarse la situación de Formosa con los crímenes de lesa humanidad ni con la existencia de centros clandestinos de detención.’, lo cual es una obviedad, porque se trata de centros oficiales de detención.
En 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba por visitar Argentina, la Dictadura Militar gobernante escudriñó una campaña en la que se victimizaba argumentando una campaña antiargentina, y repartió entre la población unas calcomanías que decían ‘Los argentinos somos derechos y humanos’, dicen que dadas las circunstancias el Gobernador Gildo Insfran y el senador José Mayans mandaron a hacer unas calcomanías que dicen ‘Los formoseños somos positivos y aislados’.
