La portada del diario ABC de hoy señala que «El Congreso lleva tres años sin controlar los fondos reservados» y en el subtitular señala que «el Gobierno debería comparecer ante una comisión secreta cada seis meses para dar explicaciones, pero no se reúne desde 2019«. Esta información, que es absolutamente cierta y correcta, muestra un cariz que podríamos llamar tendencioso, puesto que da la sensación de que el hecho de que los fondos reservados estén sin control desde hace casi 3 años es responsabilidad del Gobierno cuando, en realidad, no es así.
Hace dos semanas, el 29 de diciembre de 2021, Diario16 adelantó esta información y se demuestra que ese descontrol de los fondos reservados no es responsabilidad del Ejecutivo o de los partidos de la coalición. Más bien al contrario, la responsabilidad es del Partido Popular y de Vox.
La Comisión de control de los Gastos Reservados sigue sin constituirse tras dos años de legislatura, como tampoco se hizo en la anterior (la corta de 2019) por la convocatoria anticipada de elecciones después del fracaso de Pedro Sánchez en la sesión de investidura de julio de ese año. Por tanto, los fondos reservados están «descontrolados».
La última vez que esta comisión se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de la disolución de las Cortes Generales por las fallidas elecciones generales del 28 de abril.
Josep Borrell, el primer ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, acudió en aquella ocasión a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes de Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como ‘operación Kitchen‘.
Esto supone que durante casi tres años no se está ejerciendo el control parlamentario sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno, un bloqueo que tiene su origen en los vetos cruzados entre los partidos que frena la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de la comisión.
Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, (210 votos) en una votación secreta mediante papeleta en urna.
Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.
El Congreso pide más control, tras 3 años sin control
Precisamente, aprovechando las conclusiones de la investigación sobre la ‘operación Kitchen‘, el Congreso de los Diputados ha pedido una mejora del control de los fondos reservados.
La propuesta ha sido promovida por Unidas Podemos y se ha incluido en el documento de conclusiones aprobado en la comisión parlamentaria que ha investigado la supuesta trama orquestada desde Interior para espiar a Luis Bárcenas en busca de pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en casos de corrupción.
El texto fue aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, mientras que otros partidos como Esquerra Republicana (ERC), el PNV y la CUP se decantaron por la abstención. PP, Vox y Ciudadanos lo rechazaron.
En las conclusiones se «estima oportuno una revisión en los procesos y procedimientos sobre el uso y control de los fondos reservados«, aunque ya existe una ley específica y una comisión parlamentaria para desarrollar esa misión que recibe informes periódicos sobre el uso de los fondos reservados que manejan Interior, Defensa y Exteriores y ejerce el control parlamentario sobre las actividades del CNI.
La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece que los gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».
