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Los funcionarios de Hacienda aconsejan a la Fiscalía del Tribunal Supremo que “se blinde” frente a posibles “injerencias” externas a la hora de investigar al rey emérito. En un sorprendente comunicado que pone de manifiesto la situación de tensión que se vive en la Justicia a raíz de la apertura de la histórica investigación sobre las cuentas y el patrimonio oculto del exmonarca, los técnicos del Ministerio de Hacienda asociados al sindicato Gestha plantean a la Fiscalía del Alto Tribunal que nombre a un número suficiente de peritos, técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación, evitándose así la prescripción de los delitos que podrían haberse cometido. Los inspectores de Gestha alertan además de que se deben tomar todas las medidas “para impedir que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda corregir los informes previamente elaborados, como ha podido ocurrir en otras ocasiones al ser nombrados en auxilio judicial”.

La denuncia de Gestha, difundida hace unos días por las agencias de noticias, pone al descubierto una situación extremadamente grave por varias razones. Por un lado, los técnicos de Hacienda están advirtiendo de que los fiscales asignados al caso de las supuestas comisiones generadas en la construcción del AVE a la Meca pueden sufrir “presiones” de poderes externos para que no se llegue al fondo del asunto, es decir, para que no se indague demasiado en las presuntas cuentas, fundaciones y posibles testaferros de Juan Carlos I en paraísos fiscales como Suiza y Panamá. Por otra parte, la alerta de Gestha vaticina que el procedimiento judicial podría ser dilatado al extremo y de forma deliberada para que el tiempo vaya pasando y finalmente el caso se cierre en falso por prescripción de los delitos, una práctica habitual cuando se trata de sonados casos de corrupción.

La amenaza de injerencias externas no es una mera especulación teórica, como prueba el hecho de que Gestha ha solicitado al director de la Agencia Tributaria (AEAT) que él o cualquier otro cargo público de designación política se abstengan de realizar el nombramiento último de los peritos, conforme al rechazo que los Jueces Decanos de España manifestaron en diciembre de 2013. El sindicato considera además que Hacienda “tiene el deber inexcusable de investigar al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente” tras haberse hecho públicas las investigaciones de la Fiscalía suiza sobre Juan Carlos I y el histórico comunicado de Zarzuela del pasado 16 de marzo, en el que el propio Felipe VI reconoce la existencia de cuentas en Suiza y sociedades offshore vinculadas a su padre, como Fundación Zagatka y Fundación Lucum, por lo que el rey decidió renunciar a la futura herencia de su predecesor en la Jefatura del Estado, al tiempo que le retiró la asignación de 200.000 euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales.

Tras aquel comunicado de la Casa Real, los inspectores de Gestha también solicitaron a la AEAT que iniciara una investigación tributaria contra Juan Carlos I a la vista de los indicios de supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En concreto, señalan que Juan Carlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, un posible delito de fraude fiscal agravado y otro de blanqueo de capitales, si se acredita finalmente que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

En ese sentido, Gestha insiste en que si el rey emérito no ha declarado en el modelo 720 sus bienes en el extranjero (entre otros, los supuestos 100 millones transferidos a la fundación panameña) podría incurrir en un delito fiscal agravado en el último ejercicio no prescrito administrativamente a día de hoy, es decir, en el IRPF de 2015.

Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas en el caso, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las actuaciones de Juan Carlos I. Aquí, sin duda, Gestha incluye a las personas del entorno del rey emérito, sus testaferros, gestores, intermediarios financieros, banqueros, empresarios, policías y agentes de CNI y por supuesto parientes, amigos y “amigas entrañables”.

La denuncia de Gestha se produce después de que la Fiscalía haya asumido la investigación para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante del rey emérito, se habrían repartido por la adjudicación del AVE a la Meca. Las diligencias fiscales se centran en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Española reconoce al Jefe del Estado.

En cualquier caso, lo realmente preocupante es la constante sombra de sospecha que se cierne sobre nuestro Poder Judicial, cuya imagen y credibilidad se han visto seriamente tocadas en los últimos tiempos. De confirmarse que los fiscales encargados de investigar el caso del patrimonio del rey emérito podrían estar sometidos a injerencias y presiones externas, tal como denuncia Gestha, el daño para la independencia e imparcialidad de los juzgados y tribunales, y en definitiva para nuestra democracia, podría ser ya irreversible.

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