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Los expertos confían en que Europa tumbe la sentencia de las hipotecas

Según reclamador.es, la decisión del Tribunal Supremo “beneficia fundamentalmente a la banca”, por lo que pide que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien aclare quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados

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Los jueces españoles siguen discrepando con la decisión del Tribunal Supremo sobre el reparto de los gastos de formalización de las hipotecas entre consumidores y bancos, y piden que sea Europa quien decida sobre este asunto. La sentencia del Supremo reparte entre entidades financieras y consumidores el conjunto de los costes de constitución del préstamo, obviando el derecho comunitario y la interpretación dada al mismo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya hizo con la cláusula suelo, la hipoteca multidivisa, el vencimiento anticipado y probablemente ocurra a finales de este año con el IRPH.

No obstante, según reclamador.es, la decisión del Alto Tribunal beneficia fundamentalmente a la banca, por lo que la compañía online de servicios legales también pide que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien aclare definitivamente si la decisión del Tribunal Supremo español es contraria al Derecho de la Unión Europea y a su jurisprudencia.

Así, tras los juzgados especializados en cláusulas abusivas de Ceuta (cuestión que ya ha sido admitida a trámite por el TJUE) y Palma, ahora es el de Bilbao quien considera que el criterio del Tribunal Supremo de limitar la responsabilidad de una nulidad va en contra de la doctrina fijada por Europa y eleva una cuestión prejudicial al TJUE, promovida al igual que la de Ceuta por reclamador.es, para que sea aquí donde se defina esta cuestión y los consumidores puedan tener la seguridad de cuándo podrán recuperar por lo pagado de más en concepto de gastos de formalización de los préstamos con garantía hipotecaria. Según datos de la compañía online, la reclamación por gastos de formalización de la hipoteca asciende a 1.300 euros de media, sin incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

La asesoría reclamador.es viene solicitando en sus demandas por gastos de formalización que se eleve una cuestión prejudicial al TJUE en relación a las consecuencias de la ineficacia de cláusulas abusivas, al entender que el criterio adoptado por el Tribunal Supremo español, que limita la responsabilidad de una nulidad, es contraria al Derecho comunitario. Una situación legal que, gracias al trabajo del equipo de expertos en Derecho Bancario de la compañía de servicios legales online, llega a Europa para que sean estos jueces quienes determinen qué se puede reclamar.

Al igual que pasara con la cláusula suelo de las hipotecas, donde la Justicia europea falló a favor de la devolución total del dinero obtenido a través de las cláusulas suelo, y no solo del generado a partir del 9 de mayo de 2013, reclamador.es espera que Europa vuelva a enmendar la plana al Alto Tribunal español y resuelva a favor de los derechos de los hipotecados españoles, revocando la doctrina del Tribunal Supremo.

El pasado mes de marzo, y tras un arduo debate no exento de polémica en los medios de comunicación y en la opinión pública, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fijaba la doctrina final sobre la aplicación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Los quince magistrados del Pleno que inclinaron la balanza a favor de los bancos, obligando a pagar el impuesto de las hipotecas a los clientes, criticaron duramente en su sentencia las resoluciones de los jueces de instancias inferiores que inicialmente habían dado la razón a los ciudadanos porque “se actuó sin que se hubiera producido una modificación previa del corpus normativo aplicable” ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos. “Un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia”, aseguraron los magistrados del Supremo que zanjaron la cuestión.

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