La Ley Mordaza sigue causando estragos. Varios manifestantes detenidos en la acción popular Rodea al Congreso del 14 de diciembre de 2013, que se convocó precisamente en protesta contra esta ley, se enfrentan hoy a seis años de prisión. Previsiblemente el juicio comenzará el próximo 27 de noviembre en un Juzgado de lo Penal de Madrid.

En esta ocasión la restrictiva ley que promulgó el Gobierno de Mariano Rajoy, y que todavía hoy no ha sido derogada, ha llevado al banquillo de los acusados a nueve personas, en su mayoría jóvenes, que se enfrentan a una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos, y a otras cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres arrestados el fiscal pide dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia, según informa Europa Press.

Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) llevan años denunciando que la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso en España desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año. “La Ley Mordaza amplió la potestad sancionadora de la Administración y está plagada de imprecisiones legales que favorecen la discrecionalidad policial, provoca autocensura informativa y desmovilización ciudadana”, asegura AI. “Las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo a poder ser multada”, comenta Sara López, una de las personas que presta asesoría jurídica en Legal Sol, con la que también coinciden otros testimonios recogidos por Amnistía Internacional.

Magistrados expertos en el asunto de la libertad de expresión como Joaquim Bosch, ex portavoz de Jueces para la Democracia, han criticado con dureza una ley que califican de innecesaria. “Hoy entra en vigor el mayor recorte de libertades de toda la historia de la democracia. Esta ley a lo que se parece de verdad es a la ley de orden público del franquismo, de 1959, que indicaba: Serán castigados todos aquellos que atenten contra la unidad política, nacional y espiritual de España. Es muy preocupante que no se respete la pluralidad y la crítica de una sociedad”, dijo Bosch en su momento.

En el escrito del fiscal que ejerce la acusación contra los jóvenes detenidos en la convocatoria Rodea al Congreso se señala que los encausados participaban en una concentración no autorizada que se desarrolló por las calles del centro de Madrid, desde Neptuno hasta Sol, “donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas”, según Europa Press.

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los detenidos “les arrojaron botellas de vidrio y piedras para evitar la intervención”. Alguno de ellos “propinó fuertes empujones a los agentes”, mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo que además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

Por su parte, los encausados han pedido su absolución. “El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la Ley Mordaza. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo ‘Rodea al Congreso’ que se celebró para protestar contra el proyecto de Ley Mordaza», han señalado los procesados en un comunicado.

Según han explicado los afectados, cinco de las personas que serán juzgadas fueron detenidas por agentes de paisano de la Brigada de Información el 20 de diciembre, seis días más tarde de la manifestación. “A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo Metro”, apuntan.

A su juicio, estos arrestos tenían la intención de “amedrentar la protesta y servir como propaganda y el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión contra la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva, la Ley Mordaza, que acababa de ser presentada el 29 de noviembre y que pese a toda la repulsa fue aprobada el 26 de marzo de 2014”.

Aunque reconocen que esa protesta acabó con disturbios, aseguran que ellos fueron “escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio. A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados”, indican los encausados. Por todo ello, han pedido su absolución y la derogación de la Ley Mordaza, “que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley”.

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2 Comentarios

  1. La ley mordaza como tú la llamas no establece penas de cárcel sólo sanciones administrativas. A ver si os enteráis de una vez ya.

  2. Menudo (des)letrado en Derecho… si sabes lo que has escrito, solo con el titular, menuda forma de confundir a la gente de forma interesada, y si no lo sabes, que necio eres, insensato.

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