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El escándalo de la fuga, huida o exilio del rey emérito va aumentado a cada día que pasa. El último capítulo del desenfreno al que están siendo testigos los españoles y las españolas lo desveló en el día de ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien afirmó que la seguridad de Juan Carlos I «concierne al Estado español».

En consecuencia, lo que vino a decir el ministro fue que todos los españoles y españolas están pagando los costes de la seguridad que acompaña al rey emérito en su viaje de huida de España. Además, Grande Marlaska no quiso dar ningún tipo de detalle sobre cuál es el operativo, cuánta gente lo compone y, sobre todo, cómo se está desarrollando.

En este aspecto hay que tener en cuenta que la salida al extranjero de Juan Carlos de Borbón fue voluntaria, nadie le obligó a irse y, por tanto, la marcha del ex Jefe del Estado impuesto por Franco a la ciudadanía española y no refrendado por los votos democráticos del pueblo es una huida hacia adelante para evitar a una Justicia que cada día que pasa le tiene más acorralado por las evidencias de la presunta corrupción del monarca.

En segundo término, el rey emérito no ha negado los hechos por los que está siendo investigado por España y Suiza y los enmarcó en el ámbito de su vida privada.

En tercer lugar, Juan Carlos I ya no tiene ningún papel institucional dentro del Estado después de abandonar las funciones que estaba desarrollando y, por tanto, no le debería corresponder ningún tipo de seguridad pagada con dinero público.

Por tanto, es un verdadero escándalo que el Estado español se encargue de la seguridad de una persona a la que la Justicia de diferentes países investiga por la comisión de presuntos delitos relacionados con la corrupción.

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1 Comentario

  1. Si la seguridad de Juan Carlos I es un problema por el estado, debería obligarlo a quedar en España para afrontar los problemas judiciales y sobre todo pagar los impuestos, intereses y multas correspondientes, como a cualquier ciudadano. Si hacienda lo somos todos, la monarquía debería ser la primera en ejemplaridad. Como no es así, francamente cuestionar la utilidad y conveniencia de mantener esta institución anacrónica, es más que justificado.

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