Los ERES de Andalucía colean en la campaña electoral. Así, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra nueve personas -entre las que se encuentran el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada Luis Manuel R. y una representante de CCOO-A- en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investiga “la presunta ilicitud” de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007 “a fin de solventar el conflicto laboral que venían manteniendo con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada, ayudas instrumentalizadas a través de la financiación de distintas pólizas de seguro”.

En este auto, el magistrado decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra un total de nueve personas al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Investigados

Los investigados son el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada Luis Manuel R.; una representantes del sindicato CCOO-A; el presidente y un vocal de la patronal Aselip (Asociación de Empresas de Limpiezas Pública); los responsables de relaciones laborales de las empresas concesionarias Cespa y FCC; el vocal y director de Recursos Humanos de Cespa; un vocal y directivo de FCC, y un exdirectivo de la entidad Vitalia Vida. 

Asimismo, el instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio F. y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier G. y Juan M., pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas”, siguiendo así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 24 de junio y 20 de septiembre de 2019, los cuales “confirman expresamente la exclusión” en esta causa de los tres exaltos cargos de la Junta aludidos.

Sobreseimiento

De igual modo, acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de dos investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente-“ en los hechos investigados, ya que, “por más que ambos trabajasen con el director general de Trabajo (el primero como asesor técnico y la segunda como secretaria personal), y que hubiesen solicitado alguna información puntual o intercambiado alguna comunicación con los directivos investigados, dicha actuación aislada no permite, en ausencia de otras evidencias de las que se deduzca una mayor implicación, acordar la continuación de las actuaciones respecto de los mismos”.

A su juicio, “aquellas intervenciones resultan insuficientes para sustentar su participación o colaboración en la materialización y ejecución del mecanismo arbitrario y defraudatorio que se deduce de las diligencias practicadas”, por lo que estima “procedente” decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a ambos investigados.

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