Dos semanas después de los incidentes aéreos con aviones Airbus ocurridos en el aeropuerto de Asturias los días 17 y 23 de mayo, Iberia aún no ha dado las explicaciones oportunas. Los aparatos, procedentes de Madrid, sufrieron serios problemas para aterrizar por diversos fallos en sus flaps. El primero de los vuelos tuvo que ser desviado a Vitoria; el segundo efectuó un aterrizaje de emergencia “con momentos de pánico” entre el pasaje, según aseguró Televisión Española en su informativo territorial. Numerosos viajeros fueron reubicados en otros vuelos pero Iberia, de momento, no ha facilitado una versión oficial de ambos episodios.

Según las primeras investigaciones, el fallo mecánico se produjo en los flaps, la superficie auxiliar del ala de un avión, ajustable en vuelo, cuya misión es incrementar su sustentación. Es decir, se trata de dispositivos que sirven para variar la superficie y forma del ala con el fin de aumentar el equilibrio del aparato a bajas velocidades, es decir, tanto durante el despegue como en la maniobra de aproximación y aterrizaje.

Los consumidores, por su parte, siguen reclamando sus indemnizaciones a la Agencia de Seguridad Aérea. Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores de Asturias, asegura que es “especialmente preocupante” que en dos vuelos de Iberia con intervalos de apenas una semana se produzca el mismo episodio, el mismo problema mecánico. “No queremos alarmar, pero es preocupante lo que está pasando con Iberia en Asturias. Creemos que como siempre en la seguridad, y en la seguridad aérea especialmente, la prevención es determinante. Exigimos por lo tanto que cuanto antes se dé traslado por parte de la Agencia a la opinión pública asturiana para tranquilizar y para pacificar un poco cierta alarma que este hecho ha provocado”, asegura el portavoz de la UCE.

Los consumidores reclaman a la Agencia de Seguridad Aérea que obligue a Iberia a indemnizar con 250 euros a cada uno de los pasajeros que sufrieron retrasos, lo que supondría a la compañía un coste de 100.000 euros. Lamentablemente, los afectados tardan largo tiempo en cobrar sus compensaciones por estos episodios −los aterrizajes de emergencia−, que suelen ocasionar ansiedad y otros trastornos a los pasajeros.

“Las compañías aéreas en España no indemnizan a no ser que el usuario lo lleve al juzgado. Están obligando a judicializar las compensaciones y eso es un abuso absoluto”, recalca Dacio Alonso. Gracias a estas prácticas supuestamente abusivas, según los consumidores, las aerolíneas españolas se ahorran unos 300 millones de euros en indemnizaciones a los pasajeros.

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