Tal y como publicamos en Diario16 el pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno recibió la denuncia de un ciudadano en la que mostraba a Pedro Sánchez un caso de presunta corrupción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por dejarle en un estado de indefensión con el supuesto objetivo de tapar las irregularidades cometidas por Bankinter.
Este mismo ciudadano, ha dado un paso más y ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por vulneración de derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión. Un caso más de cómo España se encuentra en boca de toda la UE por la situación crítica en que se hallan tanto la Justicia como los órganos que sustentan el Estado de Derecho.
El incremento de denuncias contra España ante las autoridades europeas muestra varios elementos muy importantes. Por un lado, nos hallamos ante un sistema que deja indefenso a la ciudadanía frente a los abusos de los poderosos, lo que deja a la democracia de este país al borde de provocar que España se esté convirtiendo en un Estado fallido al mismo nivel que Somalia o Libia.
En otro orden, el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas se vean obligados a recurrir a los organismos de la Unión Europea es la mejor muestra de que existe una desconfianza total en los poderes democráticos que, poco a poco, han ido permitiendo, por intereses personales o colectivos, que los poderes fácticos, los que no son elegidos por el pueblo, invadan la democracia poniéndola a su servicio. Eso puede ser calificado perfectamente como corrupción sistémica.
La denuncia de este ciudadano, a la que Diario16 ha tenido acceso, indica su condición de accionista de la empresa francesa de tecnología Alcatel-Lucent cuando Nokia Corporation lanzó una OPA irrevocable por el 100% de la compañía. Como resultado, el ciudadano hizo una orden válida de compra online en la que aceptaba la oferta pública de adquisición, que, según la denuncia, Bankinter ignoró y no ejecutó. Esta acción evitó que se convirtiera en accionista de la multinacional Nokia.
Estos hechos fueron denunciados ante la CNMV y se abrió un expediente. «En este punto todas las evidencias muestran que tanto la CNMV como el Banco acordaron llevar a cabo una estrategia conjunta con el objetivo de suavizar la multa por las infracciones cometidas por el Banco, convirtiendo una infracción muy grave en una infracción menor, ahorrándole al Banco un importante cantidad de dinero, pero a expensas de violar los derechos fundamentales del denunciante», indica la denuncia, a lo que añade que « El procedimiento que siguen para lograr tal delito, fue diseñado en dos etapas: A) Privar al denunciante de su derecho fundamental a ser oído. B) Falsificar un documento con la intención de hacer creer que era la orden online realizada por el denunciante aceptando la OPA».
Cuando este ciudadano recibió la resolución del expediente y tuvo conocimiento de los presuntos delitos que pudieron haber cometido tanto la CNMV como Bankinter, se comunicó con la CNMV para hacerles saber que a raíz de la forma en que tramitaron el asunto, le habían privado de mi derecho fundamental a ser escuchado y que el documento proporcionado por el Banco era una falsificación.
«Les rogué que enmendaran el asunto, pero se negaron a hacerlo. Por lo anterior solicité al Banco copia del documento de la orden de aceptación de la OPA que el Banco se negó a entregar, por lo que presenté una nueva denuncia ante la CNMV la cual se negó a aceptar para su trámite. con el objetivo de no lesionar los intereses del Banco, pero una vez más a expensas de los derechos fundamentales del denunciante», afirma la denuncia.
Como la CNMV es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, sus altos cargos son nombrados por el ministro o ministra, y, en consecuencia, depende del Gobierno, el ciudadano denunció los hechos al presidente Pedro Sánchez y a diferentes miembros del Ejecutivo sin que recibiera respuesta alguna.
«En lo que respecta a los ciudadanos de a pie, los derechos fundamentales y la corrupción imperante dentro de la Administración Pública Española, que el ciudadano sufre en carne propia, no les importan. Los derechos fundamentales son vulnerados por las instituciones públicas españolas a diario en absoluta impunidad, donde el Estado de Derecho es una broma», concluye la denuncia.
«. El estado español.» el gobierno con su poder claro que vulnera todos los derechos y la Propiedad Privada de los españoles, que se lo pregunten a las más de 1200.000 españoles we les fue robada la propiedad privada que tenían en el Banco Popular y que les fue arrebatada por el mismo gobierno de Mariano Rajoy.
Copiado de la introducción de anuario 2000 del World Justice Project.
«El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) o WJP Índice de Estado de
Derecho® 2020, es el reporte más reciente en una serie anual que mide el Estado de
Derecho con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos
alrededor del mundo.
Los puntajes del Índice de Estado de Derecho 2020 se calculan a partir de información de
más de 130 mil encuestas a población general y más de 4,000 cuestionarios a expertos en
justicia alrededor del mundo. El Índice es la evaluación más completa del Estado de
Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye a partir de datos primarios.»
La posición de España en dicho índice es la 19, Francia la 20, EEUU la 21, Italia la 27 y Grecia la 40.
Presentar a España como si fuera una república bananera es pura falsedad, decir que es un estado fallido y compararla con Somalia y Libia es indecente.