Los denunciantes de corrupción se ven obligados a enfrentarse al Estado

La Justicia ha sido otro de esos aspectos en los que coincidieron todos. El denunciante de corrupción en España no tiene el amparo de la Justicia sino, más bien, todo lo contrario. Entre los muchos testimonios que se expusieron en el Parlamento Europeo, el teniente Segura contó las irregularidades que se cometieron en los juicios por los que fue apartado del Ejército; el juez Fernando Presencia compartió cómo los que le denunciaron o condenaron fueron los que decidieron sobre su recurso de casación; la sargento de la Guardia Civil, María Serrano, cómo sus superiores la vejaron por sus denuncias de tráfico ilegal de productos pesqueros por parte de un subordinado.

En muchos casos, se quiere dar una apariencia de que todos estos atropellos se realizan en base a la legalidad, cuando no es así. La realidad es que el denunciante de corrupción en España sufre las represalias y la reacción más dura, no de la gente a la que denunció, sino de todo el aparato de la institución que puede verse salpicada. «Es muy difícil cambiar comportamientos que son tan habituales que están institucionalizados», afirmó Luis Segura a Diario16.

Ese es el problema de España con la corrupción: está institucionalizada y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder.

Los testimonios de estos denunciantes de corrupción pusieron encima de la mesa del Parlamento Europeo, tanto en el mes de octubre como en febrero, cómo, además del daño causado por quienes se encuentran dentro del aparato corrupto del Estado, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.

«Todo esto viene por las relaciones que todos ellos tienen entre sí. Coinciden en actos y eventos organizados por las instituciones en las que se desarrollan esos comportamientos corruptos. Hablan, comparten experiencias y, evidentemente, se protegen unos a otros», confirmó a Diario16 María Serrano.

Mientras tanto, son los denunciantes, las víctimas de la corrupción, quienes sufren en el presente y ven con tristeza cómo se les está arrebatando el futuro…, por cumplir con su deber.

Según lo establecido en la nueva Directiva Europea sobre denunciantes de corrupción, los Estados miembros tendrán que crear una autoridad pública que provea de asistencia legal y financiera a estas personas. Este punto es importante, puesto que no existe una unificación de criterios para esta protección. Sólo diez países disponen de normativas de amparo legal para los alertadores de corrupción, países entre los que, por supuesto, España no está.

Para entender la ausencia del Estado español de esta lista hay que contrastar el comportamiento que tiene el aparato corrupto de la Administración y cómo envuelve en una apariencia de legalidad lo que, en realidad, no es otra cosa que la aplicación de la Ley del Talión contra quienes han tenido el valor de denunciar la corrupción.