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Los denunciantes de corrupción piden ayudas al Gobierno para poder hacer frente a las represalias

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ACODAP, la Asociación para la lucha contra la Corrupción y en defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez Fernando Presencia, ha trasladado una invitación a la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana para que su director, Joan Linares, medie ante el Gobierno de España en la constitución de una mesa de negociación interministerial que, con intervención de expertos en la lucha contra la corrupción, consiga alcanzar acuerdos para ayudar económicamente y asistir a los represaliados y a sus familias.

Todo ello al amparo de la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que ha entrado en vigor el pasado 17 de diciembre.

En concreto, se le pide al Gobierno que reconozca una prestación por desempleo especialmente dirigida a cubrir las necesidades económicas de los denunciantes de corrupción, que hayan perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de las represalias, y que tengan verdaderas dificultades para recolocarse en la misma ocupación que ya tenían.

La asociación experta en la lucha contra la corrupción señala que muchos de esos denunciantes son autoridades y funcionarios públicos que no han cotizado nunca por la cobertura del desempleo, y que por lo tanto no tienen reconocida la condición de beneficiarios de ninguna prestación del régimen público de la Seguridad Social.

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“De otra parte, para quien sí ha cotizado, el periodo máximo de dos años de la tradicional prestación contributiva del desempleo resulta insuficiente si la represalia, y en consecuencia la falta de reincorporación al mismo puesto de trabajo que ocupaba el denunciante de corrupción, se ha prolongado más allá de esos dos años”.

Por ello ACODAP solicita en su escrito dirigido a Joan linares, que se prevea que el mero transcurso del tiempo no sea causa de extinción de la nueva prestación por desempleo especialmente dirigida a cubrir las necesidades económicas del denunciante de corrupción “que solamente debería de cesar en los dos casos siguientes: cuando el denunciante de corrupción haya recuperado su puesto de trabajo, o haya sido convenientemente indemnizado por su pérdida definitiva, y también cuando se demuestre que la denuncia de corrupción sea falsa, y exista una resolución firme de los Tribunales de Justicia que así lo declare”.

También se urge en el escrito que se garantice “que la asistencia jurídica pueda ser prestada por letrados de libre elección del denunciante o alertador de corrupción además de por abogados del turno de oficio, en consonancia con las directivas y reglamentos comunitarios que regulan el seguro de defensa jurídica”, así como “la celebración de los oportunos convenios con los servicios jurídicos del Estado, para la representación y defensa de los denunciantes y alertadores cuando las represalias se canalicen a través de los propios procedimientos judiciales, que es casi el 90 % de los casos”.

Por último ACODAP sugiere la celebración convenios con la Fiscalía General del Estado para la promoción de los recursos de revisión, al amparo de la Directiva, cuando las represalias se hayan consumado mediante condenas penales. “De la misma forma deberán celebrarse convenios con el ministerio del Interior para asegurar el borrado de los antecedentes policiales, cuando las represalias hayan llegado al punto de detener al denunciante o alertador, o se hubiera ordenado su busca y captura” termina diciendo la asociación.

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