Los decretos de Sánchez son legales, legítimos y moralmente justos

Pedro Sánchez ha decidido gobernar a golpe de decreto los últimos meses que le quedan en la Moncloa antes de las elecciones. El presidente ha calificado sus próximos consejos de ministros como “viernes sociales” para mejorar la vida de los españoles tras los duros años de la crisis. Que un gobierno se preocupe por fin de la microeconomía, de los alquileres, de la ayuda a la dependencia, del salario mínimo interprofesional y de otras cuestiones que para la derecha (obsesionada con el PIB, el déficit presupuestario, la inflación y otras cifras macro) siempre son “políticas menores”, no puede ser una mala noticia para ningún socialdemócrata.

Por eso, por lo que tiene de defensa del Estado de Bienestar, la iniciativa no ha gustado a Pablo Casado, que ha menospreciado esos consejos de ministros de los que salen decretazos beneficiosos para la gente como “viernes electorales”. Sin duda, al candidato popular le ha entrado el vértigo de repente ante la posibilidad de que miles de indecisos decidan finalmente dar su voto al PSOE, el único partido con aspiraciones de Gobierno que puede frenar al ‘trifachito’. Fuera del Partido Socialista queda la izquierda utópica de Podemos, muy necesaria como motor del cambio y porque cumple una gran labor social al promover leyes que sin su iniciativa jamás se habrían aprobado, pero lejos todavía de dar el ‘sorpasso’ y de contar con opciones reales de conquistar el poder.

Siendo realistas, a la izquierda española solo le queda ya el voto útil de Sánchez, que de ganar las elecciones probablemente deberá contar con Podemos (y con los nacionalistas en su caso) si quiere gobernar. Sánchez, con sus decretos izquierdistas de urgencia es la última esperanza roja de un socialismo pragmático y posibilista antes de que las derechas tomen el Parlamento con sus boinas verdes de Vox, su arsenal de mentiras, su caspa folclórica y su vuelta a la España preconstitucional del NODO en blanco y negro. El votante socialista mira a su alrededor y, ¿qué es lo que ve? Un presidente que a trallazos por decreto trata recuperar derechos ciudadanos que se habían perdido tras los gobiernos de Mariano Rajoy, el gran liquidador del Estado de Bienestar.

Casado, como no podía ser de otra manera (la derecha sufre una extraña alergia ante cualquier gasto social que la lleva a gobernar contra el pueblo) ha anunciado que piensa recurrir por ilegales los decretos que vaya promulgando Sánchez, una batalla que tiene perdida de antemano, ya que entra en las competencias constitucionales de cualquier Gobierno seguir administrando los recursos económicos del país hasta el día de las elecciones. Lo ha dicho muy acertadamente la vicepresidenta, Carmen Calvo: “De aquí al 28 de abril no estamos en funciones”. Luego a trabajar, señores ministros, que para eso les pagan.

El pasado viernes todo el país pudo comprobar la fuerza que puede llegar a tener un Gobierno, incluso con solo 84 diputados, cuando está decidido a hacer políticas verdaderamente sociales para las clases más humildes. Primero hizo público el decreto sobre igualdad que amplía progresivamente el permiso de paternidad y que obliga a las empresas con más de 50 trabajadoras a elaborar registros con los sueldos de las empleadas y empleados para reducir la “brecha salarial”.

A esa primera medida ciertamente progresista se sumó otro decreto ley sobre vivienda que prevé una lista sindicativa de precios de los inmuebles y vincular las subidas de los alquileres al IPC para proteger a los inquilinos. También se fijan condiciones más estrictas en caso de desahucios con el fin de amparar a las familias más vulnerables, se fija un plazo mínimo de cinco años de alquiler y bonificaciones en el IBI y en impuestos locales, “pensando en lo que consideramos un problema importante para la gente más joven”, afirmó Calvo. Quizá no sea la reforma definitiva para resolver el problema de la vivienda en España, pero está enfocada a los más débiles y en todo caso es un buen comienzo.

A estos primeros decretos se irán uniendo otros en los próximos consejos de ministros, esos “viernes sociales” que prometen continuar con el efecto sorpresa tan diestramente manejado por Sánchez y que tanto miedo dan al PP. Que a la derecha no le haya gustado la idea de gobernar a golpe de decreto significa que el Gobierno va por el camino correcto para recuperar la confianza del electorado de izquierdas, tal como demuestran la mayoría de las encuestas (no solo la denostada del CIS) que dan una tendencia al alza a los socialistas.

Sánchez no debe tener ningún miedo a seguir gobernando los “minutos de la basura”, como dice despectivamente el PP, mediante decretos-leyes. Y no debe tenerlo no solo porque en los minutos de la basura se suelen ganar muchos partidos sino porque el decreto no supone ninguna intromisión ilegítima del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, ya que es una medida prevista en el artículo 86 de la Constitución: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. Deberán ser sometidos a debate y votación en el Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación o derogación”. ¿Hay algo que tenga más “extraordinaria y urgente necesidad” que mejorar la vida de aquellos que peor lo pasaron durante la crisis? El dilema de estas elecciones está planteado desde el inicio: o los decretazos sociales de Sánchez para la gente de abajo o la dictadura casposa, retrógrada, xenófoba y machista de las derechas. Ustedes eligen.