Apenas cinco años después de la muerte de Franco, algunos grupos de extrema derecha lograban consolidarse como comandos terroristas con plena capacidad operativa. E incluso llevaron a cabo sangrientas operaciones de represión contra los movimientos y partidos de izquierdas, tal como escribe Mariano Sánchez Soler en su magnífico ensayo de investigación periodística y retrospectiva histórica La Transición sangrienta. Curiosamente, las fuerzas de seguridad del Estado, todavía franquistas, poco o nada hacían por luchar contra el terrorismo de extrema derecha.

El Primero de Mayo de 1980, en Madrid, era asesinado Arturo Pajuelo Rubio, de 33 años, mientras abandonaba la manifestación sindical, después de guardar un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de Atocha y Yolanda González. Las puñaladas asestadas por sorpresa en el Paseo de Santa María La Cabeza por un grupo de extrema derecha acabaron con su vida e hirieron gravemente a sus compañeros Joaquín Martínez Mecha y Carlos Martínez Bermejo. “Los ultraderechistas atacaron a Arturo sin gritos previos ni insultos. Uno o dos individuos le sujetaron por la espalda mientras otro le clavaba nueve veces un machete. Su amigo Joaquín tuvo más suerte, recibió cuatro puñaladas pero pudo huir corriendo”, asegura el autor del libro.

“Los agresores eran profesionales. Atacaron por delante, a los pulmones y al hígado con una bayoneta. Los que atacaron por detrás lo hicieron a los riñones. Nunca habíamos visto algo igual”, declararon los médicos del Hospital 12 de Octubre. Arturo Pajuelo era el dirigente vecinal del barrio de Orcasitas, soltero y empleado de Construcciones Aeronáuticas. Su ataque fue entendido como un acto de represión directo contra el movimiento obrero en su día más simbólico, durante la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT.

Un portavoz del Batallón Vasco Español reivindicó el crimen a través de una llamada telefónica al diario Egin y señaló que la acción había sido llevada a cabo por el comando Javier Jáuregui como “primera respuesta a las continuas agresiones sufridas por nuestros compañeros de Falange, por los abogados rojos en el juicio del caso Atocha”.

“Aquel Primero de Mayo los criminales salieron a la calle con la intención de apuñalar al bulto. Si era conocido mejor”, asegura Mariano Sánchez Soler. “Los provocadores, en sus coches, merodearon alrededor de la manifestación durante todo su recorrido. Después, actuaron y se dispersaron impunemente. Hasta aquel momento, dentro de la ola de crímenes ultras desatada en Madrid durante 1980, la extrema derecha no había atacado directamente el movimiento sindical”, añade el escritor.

En febrero, Yolanda González había sido asesinada por su participación en las luchas estudiantiles y a Vicente Cuervo lo habían matado durante una refriega para controlar la calle; en la noche del 28 de marzo apuñalaron a Jorge Caballero por llevar una insignia anarquista y el 29 de abril, apenas cuarenta y ocho horas antes, asaltaron la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid e hirieron de bala a Carlos Aguirre de Cárcer.

Sin embargo, aquel Primero de Mayo de 1980, con el apuñalamiento de Arturo Pajuelo y de sus compañeros, atentaron contra la principal manifestación sindical de la capital de España. Y no se quedaron ahí. Ese mismo día, Fuerza Nacional del Trabajo convocó una manifestación al término de la cual atacaron la Casa del Pueblo de Carabanchel. Al día siguiente, la extrema derecha convocó su propia contramanifestación del 2 de mayo, que reunió en Madrid a decenas de miles de personas. “Era evidente para muchos que el fascismo crecía y buscaba a su enemigo histórico, el movimiento obrero organizado. Mientras tanto, la pequeña manifestación de la CNT en Madrid fue contundentemente reprimida”, recuerda Sánchez Soler.

La Brigada de Investigación Criminal de la Policía aportó datos escasos, a pesar de contar con un retrato robot del asesino a partir de las declaraciones de una de las víctimas: Martínez Mecha. “El desinterés e ineficacia policial hizo que los abogados de la acusación particular pidieran al Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid que pasara el caso a la Policía Judicial”, explica el periodista y escritor. Tras tres años de dilaciones, el 5 de marzo de 1983 el Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid dictó auto de procesamiento contra Daniel Fernández de Landa y Roca, falangista de 20 años, como presunto asesino de Arturo Pajuelo, y dio por cerrado el asunto, que pasó a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. La instrucción no procesó a nadie más. Daniel Fernández se hallaba en paradero desconocido, aunque Interpol lo buscó infructuosamente en Francia.

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