Hasta 48 denuncias y querellas contra el Gobierno se han presentado ante el Tribunal Supremo desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Muchas, ya archivadas, basadas en bulos y en falsas acusaciones que se han prodigado por redes sociales y WhatsApp e incluso desde la tribuna del Congreso.
Estas demandas acusan al Gobierno de delitos de homicidio por imprudencia, delitos contra los derechos laborales y recursos contra órdenes ministeriales. Tampoco el coordinador del centro de Emergencias Sanitarias se ha librado de ello, aunque al menos cuatro querellas contra Fernando Simón han sido archivadas.
Fuentes del Tribunal Supremo confirman que desde que comenzó la crisis del covid-19 se han presentado 48 acciones penales contra el Gobierno y sus miembros por la gestión de la epidemia en nuestro país. En concreto se han interpuesto 30 denuncias y 18 querellas.
Delitos
La mayor parte de las acusaciones son por delitos como homicidio por imprudencia, malos tratos o denegación de auxilio: es el caso de las denuncias presentadas por el partido de extrema derecha Vox, por asociaciones de afectados por el coronavirus o por la Asociación de Abogados Cristianos.
Como confirmó Diario16 la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) también presentó su querella por delitos contra los derechos de los trabajadores.
También existe una acción penal promovida por el sidicato CSIF, centrata en las mascarillas defectuosas repartidas a sanitarios.
Además se han presentado una treintena de recursos por lo Contencioso-Administrativo contra órdenes ministeriales aprobadas por el Consejo de Ministros. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya estableció que no era competente para resolver los recursos contra la declaración del Estado de Alarma porque eso era competencia del Tribunal Constitucional.
En cuanto a las comunidades autónomas, en el Supremo está pendiente de calificación la querella de la Marea de las Residencias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de diez residencias. La Fiscalía mantiene abiertas 211 diligencias penales por negligencias en residencias de ancianos, 99 de ellas en la Comunidad de Madrid y 36 en Cataluña. Además, una veintena de juzgados ya están investigando casos concretos de residencias de toda España.
