En el antiguo escenario, las Cortes eran más bien el reflejo de lealtades y solidaridades bipartidistas. En general, mediocres huestes criadas en las profundidades de las sedes partidarias, con esperanza en pasar por las puertas giratorias. Cofradías de silencios, de soslayar el tratamiento de la degradación general en las que, la España de esa vieja política, se había acomodado. Con la ruptura del bipartidismo la situación cambió.
Por ello es pertinente preguntarnos, ¿dónde reside el interés de España, en la represión de las ideas o en las inoportunas complicidades que mantienen con la corrupción? Por todo el país a lo largo y a lo ancho se encuentran casos que lo confirman. Han endeudado nuestro futuro y el de nuestros hijos en el nombre de la patria y en su beneficio particular.
Por ello, el histrionismo de apelaciones patrióticas que exponen los perdedores, las minorías, sólo se explica desde la impotencia de tomar conciencia de su derrota. Obstaculizarán las oportunidades de las mayorías, desde todas las instituciones ya cooptadas. No conciben la acción política desde otra posición. El consenso no está en su argumentario.
Mientras tanto, al parecer España es un organismo que está al borde del colapso, del abismo, por buscar una vida mejor, en tanto el equipo médico que debe afrontar la terapia nacional discute acerca del color de sus batas. Si eso fuese así, la Sociedad Civil debería volver a movilizarse en la procura de su destino. El 4M, en Madrid, es una oportunidad única para corregir las disfunciones del gobierno Ayuso.
El concepto de disfuncionalidad puede resultar esclarecedor, si de política nacional hablamos. Así, por tal, entenderíamos algo que no funciona como corresponde, que no cumple adecuadamente su fin, por alguna alteración física, química o conductual. Son muchas las organizaciones que pueden padecer disfunciones. Al menos, todas aquellas que cumplen una función, un servicio o rol, concebido para lograr un objetivo, pero su desempeño no se lleva a cabo en atención a esos fines. Así, si esto sucede en un organismo vivo y la sociedad civil lo es, el incumplimiento de cualquiera de las funciones dentro del ámbito democrático, es síntoma de que algo va mal. Si la política o la justicia se ejercen con una visión alejada de los intereses generales, entonces se convierten en disfuncionales.
De la misma manera que una ley, cuyo concepto es que sea una pauta social. Esto es, una norma que responda a resolver las disfunciones que se deriven de la propia evolución de esas personas en comunidad, no lo haga. Resultaría inconcebible creer que las normas, es decir las leyes, no atiendan a esas necesidades. Cada conjunto de normas sociales debe ser específica y particular a cada comunidad. A los valores de igualdad ante la ley, por ejemplo.
Por tanto, deben de organizarse de tal manera que respondan a las necesidades e intereses de esa comunidad. Proceder de modo inverso, es decir, entender a las normas para resolver los intereses de grupos particulares en desmedro de los intereses generales, es definidamente disfuncional a los principios democráticos. Como lo es la inviolabilidad monárquica.
Confiemos en que no nos arrastren a los bordes del abismo. Mientras tanto, sigo pensando en una cita atribuida a Bertolt Brecht:
“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia plebeya nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”
