Los Bomberos de todo el Estado exigen una ley marco estatal que regule sus condiciones laborales y profesionales con el consenso de todas las partes implicados. Desde el año 2014, la Coordinadora Estatal de Bomberos de FSC- CCOO insisten en la falta de regulación de este ámbito especifico que desde el inicio de la crisis no han revertido los recortes presupuestarios. Al comprobar que la situación se prolonga en el tiempo, los profesionales de este sector, convocados por Comisiones Obreras, se manifiestan este viernes en Madrid para hacer públicas sus exigencias.

A partir de las 11:30 de la mañana, los Bomberos partirán desde la plaza del Carmen y terminarán en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Allí, “habrá un escenario desde donde hablarán varias bomberas y bomberos, además del responsable de la Coordinadora Estatal de Bomberos de FSC-CCOO, José María Monzón y el secretario general de la FSC, la Federación Estatal del Servicio a la Ciudadanía, Pepe Fernández” comenta en declaraciones a Diario 16, África Sánchez de CCOO.

Entre las exigencias, establecen que en la actualidad no existe ningún modelo estandarizado de gestión del personal operativo en servicios de bomberas y bomberos a nivel estatal así como tampoco existe en muchas de las comunidades autónomas. Ricardo Gutiérrez, bombero de profesión relata a este medio que “a nivel estatal, el servicio de extinción y prevención de incendios en todos sus ámbitos es un servicio esencial para la ciudadanía” un servicio, que dentro de lo que son los servicios públicos es “un servicio especial”.

Atendiendo a las características de este servicio especial, “tanto su gestión como su ejecución, sobre todo en el ámbito público, debe ser asumida y debe ser responsabilidad de las administraciones publicas competente” continúa Ricardo.

Del mismo modo, otra de las exigencias que plantean desde Comisiones Obreras es que sus plantillas operativas han de ser conformadas por funcionarias y funcionarios de carrera con la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, Ricardo nos aclara que “el ejercicio profesional de la actividad se debe acometer primero profesionalmente y por personas que tengan, sobretodo en el ámbito del contexto público, la condición de agentes de la autoridad. Condición que solo la pueden tener los funcionarios de carrera.”

Con el objetivo de impulsar este marco normativo, Ricardo Gutiérrez como bombero plantea que, en primer lugar, se defina “el ámbito competencial de las administraciones publicas en lo que es la prevención de incendios y de salvamento”. Asimismo, se debe determinar “cuál es el ámbito reservado o no exclusivo de las administraciones publicas” en espacios como aeropuertos o cualquier tipo de infraestructuras, que por normativa estatal o internacional, sea necesaria la presencia de servicios de prevención o de extinción de incendios y salvamento.

También es necesario definir “en qué modelo esta contemplada la figura del bombero dentro del ámbito privado”. Desde la FSC apoyan las reivindicaciones de las bomberas y bomberos forestales para conseguir un marco normativo que regule sus condiciones laborales y profesionales, puesto que “dentro de esa definición y esa separación, no esta el ámbito forestal que es otra competencia de las administraciones públicas y aparte de sus condiciones laborales no tienen ni reconocida la labor del trabajo que están haciendo” en declaraciones a este medio.

En este sentido, Ricardo insiste en que se está pervirtiendo un servicio público esencial “militarizándolo” y haciendo uso de costes y de presupuesto que “son insondables, porque el presupuesto de la UME es como un libro negro: nadie lo conoce y nadie lo controla, salvo los totales”. La Unidad Militar de Emergencia, vigente desde el año 2005, es una unidad integrante de las Fuerzas Armadas Españolas cuya misión es la de intervenir junto con el resto de las instituciones del Estado y en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en supuesto de grave riesgo o catástrofe.

Los bomberos consideran en líneas general que se “está desvirtuando la prevención y extinción de incendios, haciendo uso y abuso de la figura que le han otorgado al ejercito con la unidad militar de emergencia”. Una competencia que “en vez de ser un servicio que tiene que intervenir en grandes catástrofes se está usando de forma indiscriminada para cualquier tipo de actividad que dentro los servicios de emergencia se podría considerar ordinaria”.

La falta de regulación a nivel estatal provoca intrusismos en la profesión “porque hay muchas administraciones públicas que al no estar regulado quien tiene la competencia, lo que han hecho con esa competencia es hacer una labor especulativa”. Así, han acabo “otorgando licencias o concesiones de ejecución a empresas privadas que han concursado para ejercer ese ejercicio”. Ante la falta de una normalización en cuanto a la cantidad de medios, recursos, distancias, dependencias, operatividad de los parques, etc, “no se tienen en cuenta a la hora de prestar el servicio” y “estas empresas lo que hacen, como es lícito, es buscar su propio beneficio”.

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