Tras los tres fracasos de Juan Guaidó, la amenaza de una intervención militar es uno de los factores que está impidiendo que se reinicien las negociaciones para lograr una solución democrática, justa y pacífica para la situación crítica en que se encuentra el pueblo venezolano que, a su pesar, se ha convertido en el rehén de los intereses políticos y económicos del régimen de Maduro, de una oposición dividida, de los bolichicos que pretenden retornar para continuar con el expolio de los recursos y de Donald Trump que utilizará, sin lugar a dudas, a esos boliburgueses para que las empresas norteamericanas sean las adjudicatarias de la gestión del petróleo y de las explotaciones de coltán.

Esa amenaza militar y las divisiones cada vez más profundas de la oposición están impidiendo que se abra un nuevo foro negociador para que Venezuela solucione sus problemas de un modo democrático, pacífico y justo.  El propio Donald Trump rechazó una reunión con Maduro porque el plan de intervención militar estaba muy avanzado. Por tanto, la facción opositora que pretende tomar el poder al precio que sea y con las herramientas que hagan falta, incluida una guerra civil, están ganando posiciones.

La Unión Europea ya indicó a través de Federica Mogherini que ni la mediación ni la negociación eran ya posibles en las actuales circunstancias. La apuesta de Europa y, por tanto, del gobierno español es la de la convocatoria de unas elecciones con todas las garantías democráticas a las que se podría presentar, incluso, el propio Nicolás Maduro.

Sin embargo, dentro de la oposición existe el miedo a que aquellos que abandonaron el país con el beneficio del expolio de PDVSA intenten retomar el poder directamente a través de la candidatura de Rafael Ramírez, el ex ministro bajo cuyo paraguas se creó una red de sobornos, blanqueo de capitales y fuga de activos.

Es ahí donde entran los bolichicos con un proceso en el que se han unido a los entornos de los opositores en España, buscando, además, una vinculación personal con los líderes de los partidos políticos que más se han significado en la reclamación de un cambio de régimen en Venezuela. En esta estrategia es fundamental la presencia de un nexo que, en este caso, es el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, puesto que representa los intereses de la familia de Leopoldo López a través de su padre, Leopoldo López Gil, y, a su vez, es el abogado de uno de los socios de Rafael Ramírez: Jorge Neri Bonilla.

En una información publicada por Expansión, se afirmaba que este bufete había llegado a un acuerdo con Juan Guaidó para interponer las acciones legales que fueran necesarias para congelar los activos de los bolichicos de España, algo que no ha sido confirmado oficialmente por los representantes del presidente interino en nuestro país. Por tanto, si ese contrato no existe o no ha sido firmado por ambas partes, Javier Cremades está obligado a desmentir esa información. Además, el procurador especial José Ignacio Hernández afirmó en Twitter que «La recuperación de activos provenientes de la corrupción es una tarea fundamental en el Estatuto para la Transición. Pero es importante aclarar que como Procurador especial no me corresponde el ejercicio de acciones penales en esa materia», unas palabras que pueden ser interpretadas como un desmentido de la publicación en la que se daba por hecho que el contrato estaba firmado.

Para entender la relación de Neri con el chavismo y ahora con la oposición no hay más que comprobar que fue, además de socio de Ramírez, uno de los principales contratistas de PDVSA y del gobierno de Hugo Chávez. Ahora sus empresas en Caracas se han aliado con Juan Guaidó y, según fuentes consultadas del exilio venezolano, son las encargadas de la organización y el suministro de material para los actos del presidente interino.

Un ejemplo de la sociedad entre Neri y Rafael Ramírez lo vemos en un correo electrónico al que ha tenido acceso Diario16 en el que Jorge Neri indicaba a un editor español que había concertado una entrevista con Ramírez. Quien conozca la realidad de la Venezuela de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro sabrá que el acceso al ex presidente de PDVSA era prácticamente imposible si las reuniones no venían concertadas por su círculo más cercano.

Algo tan complicado como concertar una reunión con Rafael Ramírez no fue difícil para Jorge Neri. Una vez finalizada la reunión, el ex presidente de PDVSA viajó a Colombia en avión privado junto al presidente de una empresa petrolera europea, posiblemente española, con intereses en Venezuela. De ahí marcharon a Hong Kong. Meses después del envío de ese correo, tanto Jorge Neri como Rafael Ramírez y Baldo Sansó, con la ayuda de «despachos, españoles», estafaron y engañaron, presuntamente, a empresarios españoles y latinoamericanos.

A pesar de estas evidencias, en España hay quienes afirman que Neri no es un bolichico ni tuvo relación con Ramírez. ¿Quién está mintiendo a quién?

Por otro lado, son muchos los empresarios españoles los que pueden dar fe de la imposibilidad de negociar o de reunirse con Ramírez porque, en muchos casos, había que pasar por caja y pagar sobornos para acceder a los contratos, tal y como hemos publicado en Diario16 en referencia a constructores que no accedieron al pago y se volvieron a España.

Los fracasos de Guaidó han llevado la crisis venezolana a una situación límite.  Nunca fue tan urgente encontrar una solución y, sin embargo, nunca pareció tan lejana. La emergencia humanitaria —que se está manifestando en forma de hambre, enfermedad y migración masiva, entre otras cosas— se está agravando rápidamente. Esto es lo más cruel de la situación, dado que, hasta la fecha, las tensiones políticas han paralizado los esfuerzos por atender el sufrimiento de los venezolanos: el gobierno de Maduro rechaza la ayuda con el argumento de que es un pretexto para intervenir, mientras que la oposición refuerza esta demonización de la ayuda utilizándola como palanca para lograr cambios políticos. La diplomacia centrada en garantizar el consentimiento del gobierno al ingreso de ayuda humanitaria debería manejarse por separado de las negociaciones sobre una transición democrática.

El principal obstáculo tanto en el frente político como en el humanitario es la intransigencia del propio gobierno y su determinación de aferrarse al poder. Pero el lamentable estado de la oposición también transforma cualquier impulso hacia una negociación política en una ardua batalla, y complicaría las negociaciones si llegaran a celebrarse, sobre todo por la presión internacional de Estados Unidos y de los bolichicos que operan desde España. Una parte considerable del exilio perdió la fe en una transición negociada en un futuro próximo, sobre todo porque la opción de una intervención militar está cada vez más cercana y sus consecuencias serían potencialmente catastróficas. Mientras, la crisis económica y social, con su desestabilizador impacto regional, continúa agravándose rápidamente, y las medidas del gobierno de Maduro solo han agudizado el problema, en particular exacerbando la hiperinflación, todo ello, además, incentivado por los bloqueos internacionales que están siendo implementados desde Estados Unidos con la influencia de los bolichicos porque, al fin y al cabo, tienen los mismos intereses.

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