Los ayuntamientos deberán disponer antes de 2023 de un censo de edificios e infraestructuras que contengan amianto así como un plan para su eliminación, segun consta en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas. Se trata de un compromiso de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Los residuos textiles que representan el 4,62 por ciento de los 23 millones de toneladas de los residuos urbanos, según datos del Gobierno, deberán contar antes del 31 de diciembre de 2024 con un sistema de recogida separada.
De este modo, como tope en la Nochevieja de dentro de tres años también será obligatorio para los municipios disponer de una recogida separada de aceite de cocina usado, tanto para los hogares como para el de la hostelería y también para los residuos voluminosos, como por ejemplo los muebles o enseres, así como los residuos domésticos peligrosos.
Pero antes de ese hito, este mismo año, el 31 de diciembre de 2021 los Ayuntamientos también deberán contar con una recogida separada de los biorresiduos (basura orgánica) domésticos en el caso de poblaciones de más de 5.000 habitantes y dos años después, en 2023 en el resto de municipios.
