No sólo no ha erradicado los alquileres de viviendas para altos cargos de la Junta de Andalucía sino que las ha aumentado un 44% en sólo un año desde que el Gobierno de Juanma Moreno asumiera el poder en enero de 2019. Los beneficiarios de esta medida, muy criticada reiteradamente por el Partido Popular como principal partido de la oposición en Andalucía durante casi cuatro décadas, han pasado en términos absolutos de 56 a 80 directivos en la actualidad, como recoge el Portal de Transparencia de la Junta.
El Gobierno de Susana Díaz había destinado en diciembre de 2018 un total de 58.929 euros para pagar los alquileres de 56 altos cargos de la Administración andaluza, según adelanta el portal Newtral, quien subraya que en solo 12 meses de gestión del PP y Ciudadanos el número de altos cargos que cobraron estas ayudas al alquiler de la vivienda se ha incrementado un 44%. El ejecutivo de Moreno Bonilla ha elevado este gasto hasta los 95.393 euros en diciembre de 2019, lo que supone un incremento del 61% respecto al dinero destinado por los socialistas en 2018. El promedio de gasto de cada alto cargo de la junta en esta apartado es en la actualidad de 1.223 euros al mes.
Estos datos ponen seriamente en entredicho la reiterada promesa electoral del Partido Popular en Andalucía de erradicar lo que han venido llamando “casas gratis”, tesis a la que también se han sumado sus actuales socios de gobierno de Ciudadanos, cuyo portavoz parlamentario, Sergio Romero, acusó a estos beneficiarios de ser “un lastre para la democracia”. De hecho, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha anunciado entre dientes y circunspecto tras un reciente Consejo de Gobierno que mantendrá estas compensaciones a los altos cargos, que además han incrementado notablemente sus beneficiarios.
El Gobierno andaluz pide ahora “moderación”
A preguntas de la periodista de El País Lourdes Lucio sobre si pensaba retirar estas ayudas como habían prometido desde la oposición, Bendodo respondió escuetamente: “No, en principio no, no está previsto, vamos, pediré la máxima de las moderaciones evidentemente, pero a las personas que se tengan que desplazar de otras provincias, pues, se deberían mantener”. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Ciudadanos, quiso cerrar la polémica al enarbolar que “si esas ayudas están establecidas [por ley] no hay que hablar más de ellas”. Además, tildó de “demagogos” a los que habían promovido la derogación de esta medida.
Estas ayudas se establecieron en el año 2000 para todos aquellos diputados y altos cargos que no disponen de vivienda en propiedad en Sevilla y necesitan desplazarse a la capital por motivos de trabajo.
