Más de cien alcaldes y portavoces del PP de toda Galicia se concentraron, delante del Ayuntamiento de Vigo, en contra de la decisión del Gobierno central de pedir que los Ayuntamientos cedan voluntariamente sus remanentes; una decisión que, para los populares, tiene al alcalde de esta ciudad y presidente de la FEMP, Abel Caballero, como “ cooperador necesario”.
Uno de los más críticos en sus manifestaciones resultó ser el controvertido presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, que calificó de “inaceptable e injustificado” el acuerdo, ya que, tal y como indicó, solo contó con los votos a favor de los regidores socialistas presentes en la Xunta de Gobierno de la FEMP: “Se rompió por primera vez el consenso histórico”, dijo.
Para Baltar, se trata de una imposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez que ignora la autonomía municipal: “Los ahorros de las entidades locales deben invertirse en el territorio que fue quien de generarlos y no que los incaute, confisque y expropie un Gobierno que está atentando contra la autonomía municipal y el municipalismo”.
Baltar no hizo la más mínima mención a las contraprestaciones que tendrán los Ayuntamientos que presten sus remanentes a las arcas del Estado y se dedicó, para no variar, a reprochar la acción propuesta por el Gobierno y aprobada por la FEMP.
ACUERDO MINISTERIO DE HACIENDA y FEMP
El Ministerio de Hacienda dará una aportación de 5.000 millones de euros a fondo perdido para los Gobiernos Locales que entreguen sus remanentes y contempla la devolución en 10 años del 100% de los remanentes entregados. “un cambio muy sustancial a mejor, un esfuerzo muy importante por los Ayuntamientos” por el que muestra su reconocimiento al Gobierno de España.
Según ha resumido Abel Caballero, “se entrega una cantidad de remanentes, que se devolverían en su totalidad en 10 años y que podrían ser utilizados sin incurrir en déficit; y de forma inmediata se recibirán esos 5.000 millones a fondo perdido”. Ello supone que “aportamos una cantidad y recibimos, al menos, el 135% de la cantidad que aportemos”.
Caballero ha insistido en que la entrega de los remanentes “es la forma legal para poder utilizarlos sin incurrir en déficit”. La única vía jurídicamente posible con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, “que nos prohíbe usar nuestros remanentes sin incurrir en déficit”, es entregarlos al Gobierno y “que éste nos los devuelva para poder usarlos libres de déficit. No se ha encontrado otra solución jurídica”.
Caballero ha añadido que con la entrega de los remanentes “no estamos prestando nada al Gobierno de España. Es la forma técnica de soslayar una ley nefasta para los Ayuntamientos”.
Adicionalmente, se plantea que, dado que no hay techo de gasto en 2020, los interventores podrán incorporar remanentes al gasto de este año en tanto los Ayuntamientos mantengan equilibrio presupuestario, ha explicado Caballero.
El resto del texto contempla, entre otras cuestiones, según ha enumerado el Presidente, “poder usar el superávit de 2019, se suprime la Regla de Gasto para 2019 , se prorroga el superávit de 2018, se mantienen las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018 (que ascienden a 600 millones favorables a los Ayuntamientos), se añaden 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliables hasta los 400 millones y, además, nos hacen sujetos de recibir fondos europeos y se garantiza que recibiremos fondos europeos”. Caballero ha añadido que “el Gobierno, además, se compromete a la reforma de la financiación local al tiempo que la autonómica, y establece la reforma de las competencias municipales para frenar el daño que nos hizo la LRSAL”.
