Los sindicatos exigieron que la base mínima de cotización se mantenga en 1.108,33 euros/mes, que es la cuantía que debe estar vigente como consecuencia de la elevación del SMI a 950 euros/mes en febrero de 2020.
En la reunión de reclamó que se suprima la referencia incluida en el RDL 2/2020 a la reducción de la base mínima de cotización para el año 2021, que la retrotrae a la que había en 2019. Se trata de una decisión que no ha sido comunicada ni explicada a los agentes sociales y que supone una minoración de los derechos sociales que puede llegar a afectar a más de 1 millón de personas (se han solicitado al Ministerio los datos precisos de afectación en 2020 por esta situación).
CCOO y UGT exigieron que la base mínima de cotización se mantenga en 1.108,33 euros/mes, que es la cuantía que debe estar vigente como consecuencia de la elevación del SMI a 950 euros/mes en febrero de 2020.
A la reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asistieron los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Unai Sordo y los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; También asistió la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera. Por parte del Ministerio de Inclusión, han acudido a la cita el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela Armesto.
Ayer se reclamó al Ministro de Seguridad Social la necesidad de agilizar los trabajos de la Mesa de Diálogo Social para derogar la reforma de pensiones de 2013, aprobar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de la mismas ligándola a la inflación y se adopten las medidas de refuerzo de ingresos que garanticen la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones durante las próximas décadas.
Antes de la reunión, los interlocutores sociales ratificaron el acuerdo sobre el nuevo complemento para reducir la brecha de género en pensiones, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de febrero. El ministro Escrivá subrayó la importancia de este consenso ya que “ha sido el primer acuerdo en el seno del diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño”, siguiendo lo indicado por la recomendación número 17.
El nuevo complemento parte de la necesidad de hacer de ésta una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres y sustituye al anterior complemento de maternidad, que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015, que establecía un suplemento sólo para las mujeres a partir del segundo hijo. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019).
Durante la reunión con los agentes sociales se comentó el calendario para llevar las recomendaciones sobre las pensiones del Pacto de Toledo a la mesa de diálogo social y posteriormente al Parlamento.
El ministro puso en valor el diálogo social en materia de pensiones, destacando la importancia de que el consenso logrado en el Congreso de los Diputados sobre las nuevas recomendaciones (que solo tuvieron dos votos en contra) se traslade también a la mesa con los interlocutores sociales.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera considera que se debe sentar las bases de un nuevo pacto social para reforzar el Sistema Público de Pensiones y garantizar unas pensiones dignas, en el que se respete el poder adquisitivo de nuestros mayores.
Esto implica “la derogación de facto de la reforma de pensiones de 2013 impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que además de romper todos los consensos, supone el empobrecimiento continuo de los pensionistas presentes y futuros, al introducir recortes sin precedentes en el poder adquisitivo, en base al llamado índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad”, ha señalado Mari Carmen Barrera.
Precisamente la derogación inmediata de la reforma de pensiones de 2013 “es una de las razones de peso que han llevado a los sindicatos a movilizarse el día 11 de febrero”, según anunciaron los secretarios generales de UGT y CCOO. “No se puede avanzar en la negociación hasta que no se derogue esta reforma anticonstitucional”, ha resaltado la responsable de pensiones del sindicato.
