Los acusados del presunto saqueo de fondos de ayuda al Tercer Mundo siguen jugando su particular póker con la Fiscalía Anticorrupción durante el juicio en la Audiencia Provincial de Valencia. Son los momentos decisivos de la vista oral y todas las partes saben que se juegan mucho. Ayer fue el turno de M.LL, ex jefe del Área de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria de Solidaridad que dirigía Rafael Blasco, el gran factótum del Partido Popular que también se sienta en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, M.LL. ha admitido que hubo desvío de fondos públicos que en un principio tenían que ser destinados a proyectos de ayuda en países en desarrollo como Haití, Nicaragua y Perú y que supuestamente terminaron en bolsillos privados.
Según informan las agencias de noticias, el ex alto cargo de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su condena a cambio de devolver parte del dinero supuestamente malversado. Así, el abogado de M.LL. ha reconocido los hechos para evitar que el juicio por uno de los casos de corrupción más nauseabundos de los últimos años se termine convirtiendo en “un espectáculo”. “Queremos evitar un circo”, ha asegurado el letrado defensor del ex jefe de Área.
El acuerdo de conformidad supone que M.LL. admite haber cometido los delitos que se le imputan. Además, pone a disposición de la Justicia una vivienda de su propiedad en la localidad de Dénia valorada en 395.000 euros y una cantidad en metálico. La ventaja que logra el alto funcionario es ver reducida la condena que inicialmente solicitaba la Fiscalía, que en un principio era de más de 20 años. De esta manera, ahora acepta dos años de prisión por el delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad; seis meses de cárcel y 450 euros de multa por asociación ilícita y nueve meses de prisión y multa de 10.000 euros por cohecho, según informa Europa Press.
El letrado que defiende a M.LL, uno de los principales acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a oenegés y en el proyecto de construcción de un hospital en Haití que finalmente no llegó a ejecutarse, planteó en la sesión del lunes que la acusación particular –Abogacía de la Generalitat– y popular –Coordinadora Valenciana de ONGD– también acepten los pactos de conformidad alcanzados con la Fiscalía Anticorrupción. A esta solicitud se ha sumado gran parte de las defensas, entre ellas la de los dos principales acusados, el ex conseller del PP, Rafael Blasco, y su amigo y socio, el empresario Augusto César Tauroni. Sin embargo, las acusaciones de momento no han entrado en el juego y se han opuesto a cualquier tipo de pacto, al considerar que los procesados deben ser condenados a penas mucho más duras, además de a la devolución de la totalidad del dinero presuntamente sustraído al Tercer Mundo. El tribunal ha respondido que esta cuestión se resolverá “cuando corresponda”.
El fiscal Anticorrupción ha presentado pactos de conformidad todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo por este escabroso asunto. Entre ellos, un acuerdo con los tres principales acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y el propio M.LL., entre otros.
Ya en el inicio de la jornada, los magistrados de la Sala de la Audiencia Provincial de Valencia han respondido a los intentos de anular el procedimiento que los acusados iniciaron el último día. Los integrantes del tribunal han rechazado dos peticiones de nulidad por la procedencia de los peritajes y de la calificación de la causa como procedimiento abreviado y no como sumario. A su vez, el letrado de Blasco ha solicitado la nulidad del proceso por “incorrecta declaración” de su defendido.
Según el escrito de calificación del fiscal Anticorrupción, tanto Rafael Blasco, aprovechando su cargo de conseller, como Augusto Tauroni, disponían dentro de la Conselleria de “determinados cargos” que iban a facilitar que los proyectos presentados o gestionados por la Fundación Entre Pueblos-Hemisferio obtuvieran subvención o, en su caso, no pusieran objeción a la tramitación de las ayudas. Entre este personal de confianza destacaba M.LL., nombrado jefe de Área de la Dirección General de Cooperación el 1 de noviembre de 2008, tras el cese de S.F.A. M.LL. mantenía relación de amistad con Tauroni y dentro de la Conselleria era persona de confianza de Blasco. De hecho, era normal que despacharan conjuntamente, saltándose al director general.
El jefe de Área de Cooperación intentó allanar el camino para que los proyectos presentados en las distintas convocatorias por la Fundación Entre Pueblos y otras oenegés que gestionaba Tauroni fuesen aprobados por la Administración, salvando las distintas trabas administrativas. Posteriormente, en la fase de control de la ejecución del proyecto y justificación del gasto, se les daría todo tipo de facilidades, admitiendo facturas de dudosa legalidad o proponiendo el cambio de unas por otras.
La red estaba tejida, y así fue cómo el dúo Blasco/Tauroni, según la Fiscalía Anticorrupción, desvió hacia bolsillos privados el dinero de proyectos que debían llegar a gente necesitada del Tercer Mundo. Hoy el exconseller se enfrenta a 16 años de prisión por el saqueo de las ayudas. El industrial a más de 20. Duras condenas por uno de los casos más execrables de corrupción que se recuerdan y que podrían ser “afinadas” en los próximos días, si es que finalmente el fiscal y los abogados defensores llegan a un acuerdo de conformidad, evitándose así el juicio.
