El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado sentencia condenatoria contra el Estado de España por haber publicado en el periódico La Razón la fotografía del Documento Nacional de Identidad de 33 jueces y magistrados catalanes que habían expresado su opinión a favor del derecho a decidir.
La sentencia se hizo pública ayer martes y en ella el Tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a la intimidad de estos jueces y magistrados en la publicación el artículo en el diario La Razón, en marzo de 2014, titulado «La conspiración de los 33 jueces soberanistas», tal y como informamos en Diario16.com
La sentencia analiza los informes policiales a los que se refiere La Razón en su pieza, y considera que han sido «recogidos sin ser de acuerdo a ninguna ley», lo que ya supone una vulneración de la intimidad de los afectados.
Desestimación en primera instancia en un juzgado de Madrid
El asunto, que ha sido juzgado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sentencia condenatoria, fue desestimado en un juzgado de primera instancia de Madrid, que consideró que si bien la filtración de la documentación que obraba en manos de la policía constituía un delito, no se podía perseguir a su autor por ser «desconocido».
Posteriormente, en la Audiencia Provincial de Madrid, el fallo se dictó en sentido similar, no admitiendo a trámite la denuncia presentada.
A partir de ese momento procesal, 22 de los 33 jueces y magistrados afectados decidieron recurrir ante la justicia europea presentando una demanda el 26 de abril de 2017.
El Consejo General del Poder Judicial no les defendió
Según ha explicado uno de los magistrados afectados, Xavier González de Rivera, en una entrevista dada a El Nacional, el Consejo General del Poder Judicial no les defendió cuando salieron sus imágenes publicadas en el medio de comunicación.
Explica también cómo la sentencia debería suponer un «toque de atención» que va más allá de la actuación impune de la policía (por abrir investigaciones sin que haya indicios de delito), sino también a las autoridades que incluyen al propio Ministerio del Interior, «que no puede actuar impunemente».
Reapertura del caso ante la Agencia Española de Protección de Datos
La causa penal no se podría reabrir, según explica González de Rivera, porque los hechos se cometieron hace cinco años y han prescrito. Sin embargo, sí que pueden solicitar a la Agencia Española de Protección de Datos que reabra el caso e investigue lo sucedido, tal y como han hecho.
A raíz de la revelación de las conversaciones entre el ex comisario José Manuel Villarejo y el comisario Eugenio Pino, donde se admite que la policía española filtró las fotos de los DNI a la Razón, el abogado de los jueces, Josep Cruanyes, ha presentado un escrito solicitando la reapertura del caso al existir estos indicios.
