Los 26.000 millones que evaden las grandes fortunas darían para mantener las pensiones

Tras el festín de insultos, descalificaciones, ocurrencias y disparates, los políticos que andan en campaña electoral parece que han decidido entrar por fin en los problemas que de verdad afectan e importan al ciudadano. Y uno de ellos, en lugar preeminente, es sin duda las pensiones. La propuesta de Daniel Lacalle, número 4 del PP por la lista de Madrid y estandarte del pensamiento neoliberal, ha encendido la mecha al asegurar en una entrevista para El Economista que “España es el único país en que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo”.

Por supuesto, las explosivas declaraciones de Lacalle han caído como una bomba en plena campaña y todos los partidos han entrado al trapo en la polémica tratando de arrimar el ascua a su sardina y arañar un puñado de votos. Pero al margen de que pocos debates generen tanto litigio político como el de las pensiones, basta con echar un vistazo a los informes oficiales del Gobierno y de organizaciones como Gestha, el sindicato de técnicos e inspectores de Hacienda, para concluir que la propuesta de Lacalle, como la de otros muchos economistas neoliberales, esconde una profunda falsedad. En España hay suficiente dinero para garantizar las pensiones, el problema es que para ingresar más hay que recaudar más y eso es lo que no dice el número 4 del PP por Madrid porque no le interesa (ni por ideología política ni por estrategia de partido).

Según Gestha, las grandes fortunas y multinacionales concentran cerca del 72% del fraude fiscal en España, un hecho que los técnicos del Ministerio de Hacienda vienen denunciando cada año con el inicio de la campaña de la renta sin que ello haya servido para persuadir a los sucesivos gobiernos de la necesidad de acometer un plan ambicioso para frenar esa sangría. Según los informes oficiales, la factura del fraude fiscal en España asciende a más de 26.000 millones de euros. Paraísos fiscales, Sicav, sociedades opacas y offshore, deducciones indebidas, cuentas en el extranjero y otros sistemas de ingeniería financiera son habitualmente empleados por las grandes compañías para no pagar lo que deben según la ley vigente. Por otra parte, se calcula que la economía sumergida supone en España aproximadamente el 20% del producto interior bruto, cinco puntos sobre la media europea. La estimación es que debido a esa lacra se están perdiendo 70.000 millones de euros, aproximadamente el 6% del PIB nacional, según datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

Con todo ese inmenso caudal que el Estado español perdona “altruistamente” cada año a las grandes fortunas y empresas se podrían compensar las pensiones durante varias décadas y sin ningún problema, ya que según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el gasto mensual de las pensiones en España alcanza los 9.257 millones de euros. Es decir, 26.000 millones de bolsa de fraude fiscal frente a poco más de 9.000 en gasto para mantener a nuestros jubilados.

Pero el problema del fraude va más allá. La banca es el sector económico mejor tratado en nuestro país, hasta tal punto que tras la gran crisis financiera de 2008 el Estado invirtió 60.000 millones de euros en un plan de rescate. Dinero que en 2012 el Gobierno Rajoy “regaló” a fondo perdido a los bancos. Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha prometido recuperar el grueso de esa inversión en poco menos de una década mediante una medida muy sencilla que es de simple justicia social: subir hasta el 25% −diez puntos más respecto al 15% actual− el tipo efectivo mínimo que las entidades financieras pagan por el Impuesto de Sociedades. La tasa a la banca, consecuencia directa de la aplicación del principio constitucional que establece que quienes más tienen deben contribuir en mayor medida al esfuerzo fiscal y al sostenimiento del Estado de Bienestar, es otra medida que numerosos expertos reclaman como urgente para garantizar las pensiones a corto y medio plazo.

Queda claro que el debate sobre las pensiones no puede ser estrictamente económico sino también político. Tenemos que concretar qué sistema queremos para el futuro, si uno garantizado por el Estado mediante el reparto de impuestos de forma solidaria, proporcional y equitativa por todos los españoles, como viene ocurriendo en los últimos 40 años de democracia, u otro mixto basado en aportaciones de fondos privados, como proponen la derecha y Vox, un modelo que con el tiempo nos llevará hacia el sistema norteamericano, donde los más fuertes sobreviven y los más pobres se mueren de hambre en las calles de Nueva York, Chicago o San Francisco. En definitiva, más Estado de Bienestar o ley de la jungla. 

El debate de las pensiones no puede quedar solo en manos de los economistas, que por lo visto solo saben darle al botón de la calculadora y aplicar tantos por cientos de forma ciega, mecánica, con escasa imaginación. Las cifras resultan demoledoras y sin embargo a los grandes gurús del pensamiento neoliberal como Daniel Lacalle −que formaría parte de esa escuadrilla de economistas vendedores de milagrosos crecepelos que siempre aportan soluciones en detrimento de las clases más castigadas y desfavorecidas, beneficiando sistemáticamente a las grandes élites económicas y financieras−, solo se les ocurre proponer las mismas recetas fracasadas de siempre: libre mercado a destajo, protección de las grandes fortunas, recorte del Estado de Bienestar y de los servicios públicos, reducción del gasto social y que sean las clases trabajadoras las que se aprieten el cinturón y paguen los desmanes y el fraude de los de arriba. Decir que no hay dinero para pensiones es un sarcasmo. Si el señor Lacalle fuese honesto diría la verdad y dejaría de vender tratamientos económicos embotellados del siglo pasado que solo sirven para tapar las vergüenzas de esas clases altas y privilegiadas cuyos intereses está defendiendo en realidad.