Ha sido la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá quien ha dado un mes de plazo al gobierno murciano para que «restaure la legalidad» y retire el «veto parental».

Por su parte, la delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha apuntado a la posibilidad de aplicar el 155 de la Constitución para impedir que se termine implantando, aunque más tarde ha confirmado que sus declaraciones eran sarcásticas, para mostrar al nivel de absurdo que se está llegando con este asunto.

Según Rosell, «hay unos cauces jurídicos que pueden no ser necesariamente judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación, incluso del 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Sería el camino similar al de Cataluña, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico». Lo ha comentado en los micrófonos de la cadena Ser en las Palmas de Gran Canaria. Ella misma ha sido quien ha explicado lo que quería decir a través de sus redes sociales.

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