En plena campaña electoral a las municipales del año 2007, el periódico ABC recogía en fecha 25/05/2007 una denuncia del candidato del PP a la alcaldía, Francisco Sánchez Gil, sobre “un pelotazo urbanístico en el término municipal de Pepino”, localidad limítrofe con Talavera de la Reina, en la época en la que el PSOE de José Bono ganaba todas las elecciones en Castilla La Mancha.

Lo que denunciaba el candidato del PP a las elecciones municipales era un «pelotazo» urbanístico del que hacía responsable al también alcalde socialista de la localidad de Mejorada, el arquitecto Ángel Valero Sánchez.

Según manifestaba el candidato denunciante, el Ayuntamiento de Pepino gobernado por el PSOE en coalición con otros partidos, y del que era delegado de Urbanismo el «tránsfuga» del PP, Vicente Casitas, subastó las parcelas de propiedad municipal en la urbanización de «El Gran Chaparral» con sustanciosas «plusvalías» para el adjudicatario, la empresa Hervasan del alcalde de Mejorada, de alrededor de 5 millones de euros.

Francisco Sánchez Gil encargó a un bufete de abogados de Talavera de la Reina que investigara lo ocurrido. Lo que descubrieron en el despacho fue una «estafa» coordinada supuestamente desde el consistorio municipal, que vendió para su urbanización un terreno municipal como si fuera para construcción libre, «ocultando» que solo se podía construir en ellos viviendas de protección oficial; y además solo en parte, ya que muchas de las parcelas estaban atravesadas por el arroyo de la Fuente o Berrenchín, perteneciente al dominio público hidráulico.

En el informe emitido por el despacho de abogados de Talavera de la Reina se indica que la plica presentada como oferta de quien luego resultó adjudicataria del concurso público —la mercantil Hervasán— “no se hizo en sobre lacrado, como exigía la convocatoria, sino en sobre abierto y dejando en blanco el espacio correspondiente, con la finalidad de amañar el concurso público”. La cantidad que finalmente “refleja el documento fue rellenada luego ‘a mano’ por alguno de los funcionarios intervinientes en la mesa de licitación”.

Según el relato de uno de los socios del bufete de abogados, Carlos Lucas Cifuentes, cuando empezaron a “fotografiar hoja por hoja el expediente” en la misma sede del ayuntamiento de Pepino, se dieron cuenta de que la plica a la que se adjudicó el concurso no estaba lacrada (las demás sí), y que todo era un “amaño”. Cuando llevaban fotografiado la mitad del expediente “unos funcionarios avisaron al alcalde, y éste envió a la policía” a detenerles. “Salieron corriendo”.

El mismo periódico ABC recogió en otra reseña, esta vez de fecha 26/05/2007, la contestación de Ángel Valero a la denuncia del candidato a la alcaldía de Pepino, Francisco Sánchez Gil. En un artículo que llevaba por título Ángel Valero rechaza las acusaciones de “pelotazo” urbanístico, el edil socialista de Mejorada explicaba que la sociedad “Hervasán” (que tenía más socios, entre ellos Ignacio Rosa, Subinspector de Hacienda en Talavera de la Reina), había vendido sus participaciones, un mes antes a otra sociedad (“Hervaor”, propiedad de Juan Carlos Vázquez Higueruela), con la que no tenían vinculación jurídica ni económica. Juan Carlos Vázquez Higueruela acabaría querellándose por el delito de estafa, años más tarde, contra todos los socios de “Hervasán”.

Lo que no dijo Ángel Valero en su contestación pública, a la denuncia también pública de corrupción, es que un año antes de la venta de las participaciones a la sociedad “Hervaor”, la mercantil “Hervasán” “segregó y adjudicó”, una de las parcelas atravesadas por el arroyo de la Fuente o Berrenchín en las que no se podía construir; en concreto la parcela 237, en la que construyó su chalet el Fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, “bajo la sospecha de soborno y blanqueo de capitales”.

El “pelotazo urbanístico de Pepino” fue denunciado en varias ocasiones, todas ellas con el mismo resultado infructuoso.

Todas las Diligencias Previas que se incoaron por aquél entonces en los juzgados de Talavera de la Reina (las D.P. 526/2003 tramitadas en el Juzgado nº 1; las D.P. nº 10/2004 tramitadas en el Juzgado nº 3; y las D.P. nº 334/2004 tramitadas en el nº 2), repitieron la misma “hoja de ruta”: esto es, denuncia interpuesta por arquitectos municipales, funcionarios o cargos públicos del Ayuntamiento de Pepino (Concejales y Secretaria del Ayuntamiento) contra el entonces alcalde (quien contaba con el “asesoramiento” de la firma “Datacontrol”, creada por el que fue secretario de organización del PSOE y Consejero de Urbanismo en la Junta, Tirso Lumbreras), todo ello por la concesión ilegal de licencias de obra o construcción; y la sempiterna solicitud “fulminante” de Archivo de las denuncias por parte del Fiscal Decano, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Hay otros procedimientos, como el tramitado también en el Juzgado nº 2 de Talavera de la Reina, cuando era su titular Cristina Peño Muñoz, en concreto las D.P. 1141/2.006, en el que su “hoja de ruta” es una variante de las anteriores, pues no se denuncia al Ayuntamiento de Pepino sino al de Talavera de la Reina (en la época en la que el Alcalde era también del PSOE), si bien coinciden el resto de los elementos ya descritos, esto es, la participación de la firma “Datacontrol”, y la solicitud “fulminante” de Archivo por parte de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.

Hay que tener en cuenta que la relación del Fiscal Decano con “Datacontrol” proviene de la amistad íntima de Ángel Demetrio con Santiago Ramos Figueroa, abogado perteneciente a la referida firma de asesores y profesionales, y actual esposo de Cristina Peño Muñoz —que luego sería la titular del único Juzgado de lo Penal residenciado en Talavera de la Reina.

Ángel Demetrio y Santiago Ramos Figueroa incluso llegaron a vivir juntos en el domicilio de este último durante unos meses.

Fue inevitable que los rumores de corrupción en los Juzgados de Talaveranos se extendieran como una mancha de aceite ante la opinión pública. En los mentideros ya se decía que era Vicente Rouco Rodríguez, el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y sobrino del Cardenal Rouco Varela, quien dirigía los entresijos del “pelotazo urbanístico”, y quien estaba protegiendo al Fiscal Decano de Talavera de la Reina.

Según se puede comprobar fácilmente, Vicente Ruco Rodríguez conoció a Ángel Demetrio de la Cruz Andrade en el año 1987, cuando ambos estaban destinados en Barcelona; el primero procedente de las oposiciones a jueces de Distrito, y el segundo como funcionario del Cuerpo Nacional de la Policía.

En la ciudad Condal también coincidió por aquellas fechas, procedente igualmente del cuerpo de jueces de Distrito, Manuel Gutiérrez Sánchez Caro; quien a la postre sería después Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo y de la Sección que, años después, dictara en tan solo 2 meses (cuando la pendencia en esa Sala era de casi 2 años) la sentencia confirmando la condena por el delito de injurias al primer ‘whistleblower’, o ‘alertador’ de la corrupción, en Talavera de la Reina.

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