Nadie da nada a cambio de nada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se dejó ver ayer, por videoconferencia, en la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Su aparición casi mariana para ratificar los 140.000 millones de euros en ayudas europeas fue un espaldarazo definitivo al Gobierno de coalición y a sus políticas pese a la cruenta ofensiva de Pablo Casado, que en las últimas semanas se ha dedicado a propagar en Bruselas la patraña de que España no es un país con garantías democráticas y respeto a los derechos fundamentales. Von der Leyen ha desbaratado el complot del líder del PP para boicotear las ayudas y de momento parece seguro que España va a recibir un primer paquete de ayudas por importe de 72.000 millones de euros en tres años con cargo a los fondos europeos para la reconstrucción de su maltrecha economía devastada por la pandemia. Ahora bien, en todo contrato hay una letra pequeña y conviene analizar qué ha ocurrido y qué se ha negociado tras las bambalinas entre la UE y el gabinete socialista/morado.

Parece seguro que las gestiones diplomáticas españolas han dado resultado en los últimos días, aclarando un panorama que se había tornado muy turbio para los intereses de nuestro país. El barullo provocado intencionadamente por Casado al negarse a renovar los altos cargos del Poder Judicial disparó todas las alarmas en Bruselas, hasta tal punto que el Gobierno de coalición estuvo al borde del expediente sancionador por incumplimiento de las obligaciones democráticas. ¿Qué está pasando en España?, se preguntaban inquietas sus señorías del Europarlamento. ¿Es cierto que la parálisis institucional ha llegado a tal nivel de convertir el Estado español en un Estado fallido?, murmuraban los diputados de los países ricos por los pasillos de la cámara legislativa europea.

Fue entonces cuando la diplomacia de Sánchez movió ficha. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pidió entrevistarse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para aclarar la situación. En una conversación telefónica informal mantenida a petición de la jefa de la diplomacia española, González Laya garantizó que la democracia española no está amenazada, tal como insinuaba Casado, al tiempo que se mostró dispuesta en nombre del Gobierno español a abordar cuantas reformas sean necesarias para corregir las disfuncionalidades de nuestro devaluado Estado de derecho. De alguna manera, las hábiles gestiones de la ministra de Exteriores dieron su fruto, más aún cuando horas después, en el Congreso de los Diputados y durante la fallida moción de censura de Vox, Pedro Sánchez anunciaba que ponía el reloj a cero, aparcaba la reforma exprés del Poder Judicial, e invitaba a Casado a negociar la renovación de los cargos del CGPJ. Fue una jugada maestra que llegó a oídos de las autoridades de Bruselas y que contribuyó a apaciguar todavía más la situación.

Es evidente que el Gobierno salvó un match point, pero quizá la jugada no nos haya salido precisamente gratis a los españoles. En las negociaciones in extremis llevadas a cabo estos días entre Madrid y Bruselas hay un paquete con hasta ocho medidas trascendentales para la economía y los derechos sociales que tendrán que aplicarse en nuestro país en los próximos meses, sí o sí, a cambio del ansiado maná de las ayudas oficiales. Es decir: españolitos, si queréis el dinero para salir de la miseria tendréis que ser buenos y aplicados con las cuentas públicas y hacer bien los deberes. No estamos en presencia de un chantaje como el sufrido durante el rescate bancario de Grecia a manos de los hombres de negro durante la crisis de 2008, sino de una tabla de objetivos a cumplir a cambio de los 140.000 millones que España tiene previsto recibir en los próximos tiempos y que se recogen en las recientes recomendaciones de la Comisión Europea para nuestro país.

Así, Bruselas quiere acabar con la elevada tasa de desempleo en España, una de las mayores de toda la zona euro. Europa está harta de nuestro paro juvenil y de larga duración, de la precariedad laboral y de los infames contratos temporales. De entrada, la reforma del PP no parece que vaya a ser derogada y no extrañaría que a corto plazo asistiéramos a la implantación de medidas de indemnización por despido como la “mochila austriaca”. Por supuesto, las pensiones van a ser examinadas al céntimo. Vamos hacia medidas correctoras, se dejará de incentivar la jubilación anticipada y probablemente el gasto del Estado en pensiones bajará por debajo del 15% del PIB, según adelanta el diario El País en su edición de ayer.

Pero hay más. Las ayudas penalizarán a pymes y microempresas. Bruselas considera que España tiene demasiadas sociedades improductivas, no competitivas o zombis y pretende corregir ese modelo empresarial. Vamos hacia la profunda transformación de sectores como el turismo, la automoción, la alimentación, el comercio, la salud y la energía. En ese aspecto, Bruselas exigirá una unidad de mercado que coordine las acciones de las autonomías. Por supuesto, España tendrá que mejorar su tasa de fracaso escolar, de las más altas del viejo continente, impulsar la Formación Profesional, y acometer una ley de reforma educativa. Paralelamente, tendremos que modernizar la economía haciéndola completamente digital, así como informatizar administraciones obsoletas (justicia, servicios públicos, empleo, sanidad y administración territorial). España tendrá que comprometerse a gastar el 2% de su PIB en investigación, desarrollo e innovación o pondrá en riesgo las ayudas comprometidas. Además, nuestra economía deberá entrar de lleno en la energía sostenible y renovable así como en el proceso de transición ecológica. Finalmente, y en contra del discurso de Casado y Abascal, los impuestos subirán para sostener el Estado de bienestar, ya que la recaudación y la presión fiscal están muy por debajo de la media europea. La UE ya no quiere esperar más: o España cumple o el dinero no llegará.

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