En política los conceptos «legal» y «ético» deberían ir cogidos de la mano aunque, como todos sabemos, no es así, al menos en España. Legal, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa «Prescrito por ley y conforme a ella». Ético, por su parte, es definido por la RAE en su segunda acepción como «Recto, conforme a la moral». En la política española tenemos demasiados ejemplos de comportamientos que son perfectamente legales pero que no son éticos y que, por tanto, deberían ser causa de que quienes perpetren esos procederes abandonen la política.
En los últimos años hemos tenido demasiados comportamientos por parte de nuestros políticos que son perfectamente legales pero no éticos y que deberían haber provocado, en primer lugar, el sonrojo y, en segundo lugar, la asunción de responsabilidades políticas y el abandono de cualquier cargo público. Sin embargo, en España no ocurre así. Muchos políticos españoles ya se han acostumbrado a tener actuaciones poco éticas pero amparadas por los diferentes códigos legislativos. Esta legalidad es la coartada perfecta para quienes se aprovechan de su cargo para medrar y ganar mucho dinero, un dinero lícito pero amoral y en política es mucho más importante la moralidad de los comportamientos que el ceñirse al espíritu de cualquier ley.
En muchos casos hemos sido testigos de cómo representantes públicos o dirigentes de los partidos políticos han aprovechado sus cargos y los contactos empresariales adquiridos por estar donde se está para conseguir empleos al margen de su actividad política que rozan con las incompatibilidades que marca la ley. ¿Es lícito que un parlamentario cobre por asesorías empresariales por las que se perciben altas cantidades de dinero, tal y como ocurrió con Martínez Pujalte? La respuesta se la dio él mismo a Pepa Bueno en una entrevista en la Cadena Ser tras salir a la luz que había cobrado miles de euros por asesorar a empresas constructoras. La periodista extremeña le preguntó en varias ocasiones si le parecía ético cobrar por asesorar a una empresa con contratos públicos a lo que el político del Partido Popular respondió siempre con la misma frase: «Me parece legal». Esto resume todo.
Relacionado con lo anterior tenemos el «caso Soria». Es completamente legal que el Gobierno decida que el candidato a un puesto en el Banco Mundial lo ocupe José Manuel Soria, el ex ministro de Industria que mintió sobre su implicación en «los papeles de Panamá». Lo que queda claro es que no era ético y por eso se formó el revuelo que se formó: no se podía enviar a un puesto de representación de España a un hombre que sus empresas habían operado en paraísos fiscales para evadir impuestos.
La falta de ética en política escudada en que ese comportamiento es legal es algo tan común en España que ya podría parecer hasta normal. Sin embargo no es así y, lo que es peor, impide que se asuman las responsabilidades que en cualquier país puramente democrático se deberían asumir. El último caso de esta realidad putrefacta de nuestra política es la actitud de Rita Barberá tras conocerse que será encausada por la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia. Con mucha resistencia, la ex alcaldesa de Valencia decidió darse de baja en el PP pero no de dejar su acta de senadora, un acta que legalmente le corresponde a ella pero que, en realidad, pertenece al pueblo valenciano porque ella está en la Cámara Alta por designación de las Cortes y no porque estuviera en las listas al Senado en las elecciones de junio. Evidentemente, es legal que Rita Barberá no renuncie a su acta pero no es ético porque el Tribunal Supremo la encausará por delitos relacionados con la corrupción.
Otro caso de toma de decisiones legales pero poco éticas la tenemos en nuestro Tribunal Constitucional, donde se eligió a un militante del Partido Popular al corriente de pago de sus cuotas como Presidente del máximo órgano judicial de nuestro país. La elección de Francisco Pérez de los Cobos fue legal, de eso no hay ninguna duda, pero no fue ética aunque, eso sí, muy efectiva para el PP teniendo en cuenta los planes de destrucción del Estado del Bienestar que tenían los conservadores tras ganar las elecciones de 2.011. La falta de ética en esta decisión pone en duda la independencia del órgano judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, y, por tanto, lo deja en un estado de constante sospecha de la ciudadanía respecto a su imparcialidad, sobre todo cuando todas y cada una de las reformas implementadas por el partido del que el presidente del TC fue militante tenían un claro tufillo anticonstitucional. El último ejemplo por el que la independencia del Constitucional queda en entredicho por estar presidido por un militante del PP lo tenemos en el retraso de la decisión sobre el control del Parlamento al Gobierno en funciones adecuando el calendario a lo que más beneficiaba al Ejecutivo de Rajoy. Por cierto, este es otro ejemplo de comportamiento legal de un gobierno en funciones pero que ataca directamente a la ética porque responde a un desconocimiento total de cómo funciona un sistema parlamentario.
Hemos puesto algunos casos de comportamientos legales poco éticos y que deberían haber tenido la misma respuesta: la asunción de responsabilidades y la dimisión de todos los cargos públicos que esas personas ostentaran. Sin embargo, esa respuesta no se dio y lo que vimos fue el aferrarse al cargo. Lo grave es que ese comportamiento es lo habitual en nuestros políticos y en nuestros partidos. Siempre se buscan mil excusas o escudarse en la legalidad para evitar que se asuman responsabilidades porque en este país se ve esa asunción como una debilidad o un reconocimiento de las acusaciones en vez de contemplarse como un comportamiento recto y digno. En otros países de nuestro entorno con una mayor cultura democrática o con un mejor concepto de la decencia hemos comprobado cómo ministros han dimitido por una multa de tráfico, por haber recibido un regalo de un empresario con un valor inferior a treinta euros o por haber plagiado su tesis doctoral. Esto no hubiera pasado en España, eso se lo aseguro.
Alguien podrá decir que, según este planteamiento, si un político hace algo ilegal pero que es éticamente correcto no tendría que asumir responsabilidades. Evidentemente, sí que tendría que asumir esa responsabilidad por haber cometido un delito, independientemente de que estuviera dentro de los parámetros morales.
Nuestra política está muy falta de ética y, por eso, asistimos a espectáculos bochornosos como los que nos dan nuestros representantes.
