La palabra antinomia es de origen griego “antinomia”, formada por el prefijo “anti-” que significa “contra”, “nomos” que expresa “leyes”, y el sufijo “-ia” que significa “cualidad”. Se conoce como tal a la contradicción, oposición real u aparente entre dos leyes, principios, ideas, palabras, fenómenos, entre otros.
En esas estamos en esta España, llena de remiendos y costuras abiertas, a las que nos han traído los fueros, la corrupción y los engominados pícaros y felones. Inclusive, podría arriesgarse, que también muchos sujetos de calvas relucientes y pensamientos oscuros. Tan oscuros como el ocultamiento del listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica, el origen de la fortuna de los monarcas, la identidad de los beneficiados por la inconstitucional amnistía de Cristóbal Montoro, la extraña procrastinación de los procesos judiciales vinculados con la corrupción y demás episodios similares.
Para algunos, este estado de cosas es una antinomia cuando se manifiestan dentro de un sistema democrático. Excepto, claro, si a ese sistema sólo se lo utiliza como una cobertura para esconder las más abyectas prácticas humanas. Ello, dada la práctica habitual de las dictaduras por crear legalidades que justifiquen las prácticas colusivas con el sistema democrático deberíamos estar alertas. Entonces, de producirse, se comprobaría la perversión institucional.
Es decir, cuando existe una antinomia jurídica o legal, se observará simplemente por la contradicción de dos leyes. Es frecuenten verla cuando dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo ámbito de aplicabilidad, y representando un problema de eficacia y de seguridad jurídica en el ordenamiento legal de este país. En muchos casos se incumple con las garantías constitucionales. A nadie parece preocuparle. Un Fiscal se atreve a minimizar el Golpe de Estado en el que participó Tejero. Nada ocurre.
En el caso de encontrarse en la situación de una antinomia, dos normas contradictorias, las reglas o principios que deben de ser aplicados para resolver dicha contradicción son, siempre la de que prevalezca la norma superior. En muchos casos la propia Constitución. Entonces, si no se actúa, entramos en las prácticas de la cooptación institucional.
Dado eso, surge la labor desde la dictadura, de ocupar las posiciones y la capacidad de decidir con personas afines a los que se saltan la legitimidad que reside en aplicar el principio anterior. El Tribunal Constitucional suele dar la nota acerca de las transgresiones que se cometen para favorecer al poder establecido. En el caso del Tribunal Supremo, sus sentencias lo definen. Sin mencionar los correctivos que les llegan desde instancias jurídicas internacionales.
Vivimos en un estado de antinomias democráticas que desnaturalizan a la propia esencia del Estado: la Constitución. El pretender ser un Estado constitucional obliga a superar las antinomias existentes. La diáfana presencia del fascismo en las instituciones debería ser prueba suficiente de ello.
Toma nota.
