Tras varios días de marcha a pie desde Zaragoza, ya se encuentran en Madrid. Nuria Medina Ramos y Manuel Hernández Jiménez, es un matrimonio que se ha propuesto pedir el fin de las tutelas de menores y la vuelta con sus familias biológicas a Gobierno, partidos políticos y Casa Real. También desean trasladarles «no solo nuestro caso, sino la situación que viven miles de familias y las presuntas irregularidades que vienen denunciando asociaciones de toda España. Alguien tiene que hacer algo ya. Hay niños y niñas injustamente en centros de menores», comenta Nuria.
Mientras caminan, hablamos de su caso y recuerdan con dolor el día que los Servicios Sociales se llevaron a sus tres hijos de casa, alegando absentismo escolar, después de que estos no asistieran al colegio, durante nueve meses, por encontrarse convalecientes de un brote de sarna, y a pesar de que los padres informaron en todo momento de la situación de los menores, como indicó su madre a Diario16.
Ahora sólo quieren ser escuchados. A lo largo del camino, Nuria ha ido narrando las vivencias de cada día y los términos de su reivindicación a través de TikTok. Prácticamente se ha convertido en una influencer, cuando lo que pretendía era visibilizar el caso de sus hijos. Pero cada vez son más los seguidores y quienes les apoyan en su lucha. No solo se trata de su historia personal, sino la de 50.000 familias en España con menores tutelados.
Leticia Buabent es la fundadora y presidenta de Diwork, una asociación que trabaja por la unificación de las familias en desamparo, como es el caso de Manuel y Nuria. Cuenta con un proyecto de reinserción socio-laboral «donde ellos podrían encajar», señala. «Y estamos trabajando con ellos evidentemente».
Visitas restringidas por reivindicar en TikTok el Artículo 39 de la Constitución Española
A su vez, considera que «se han cometido irregularidades» en el proceso. «Por colgar un video en TikTok, que se hizo viral reivindicando el Artículo 39 de la Constitución Española, les han quitado parte de las visitas. Se supone que los padres tienen un tiempo para conseguir los objetivos y supuestamente les devuelvan a los niños. En este caso todo ha ido demasiado deprisa. Han dado la acogida de los menores a su tía. Ahora comienza un proceso de desapego de los menores no dejándoles ver a sus padres, sin reparar en las consecuencias. Porque hay que recordar que el desapego familiar causa falta de habilidades sociales y de seguridad el día de mañana».
Dicho Artículo 39 recoge que:
- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Desde la DGA de Aragón, «les dijeron que en las visitas pasarían de una por semana a una cada 15 días, con supervisión, pero que no podían hablar con los menores de una forma diferente, no podían hablarles al oído, no podían crearles falsas expectativas, no pueden llevarles regalos…».
Y todo a pesar de que la Asociación Diwork, continúa Leticia, «ha enviado a la DGA dos informes al respecto sin que se nos haya dado una respuesta».
El último de esos informes data del 22 de noviembre y recoge un perfil de la situación familiar de Nuria y Manuel. La Asociación Diwork dio traslado de que, desde el 25 de septiembre de 2022, atiende a Nuria y Manuel «que se encuentran en un proyecto de inserción sociolaboral y reunificación familiar y que para mejorar el apego familiar se necesita realizar una mediación con su hermana puesto que tiene conflictos con ella y la unidad familiar extensa».
Los menores no ven a su familia de etnia gitana
Por otro lado, según el escrito «los menores tutelados por el Estado no ven a su familia de etnia gitana» y sugiere «aumentar las visitas por parte de la familia de etnia gitana y con su madre, ya que la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, apela en el artículo 3, a la promoción de la integración familiar y social de los niños y adolescentes, garantizando la permanencia, reinserción y restitución en su entorno familiar y social, siempre que no les sea perjudicial. En este caso no es nada perjudicial y mejorarían el bien estar de los menores».
Asimismo, dicha ley incide en «la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia los menores por razón de nacimiento, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua, cultura, opinión, impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales, condiciones sociales, económicas o
geográficas o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social».
En este caso, explica Leticia Buabent «es porque su familia por parte de padre es de minoría étnica gitana y desde que están con su tía no saben nada de su familia paterna».
Se necesita una buena intervención de las Administraciones
Respecto a «la protección y asistencia necesarias a la familia para que pueda asumir plenamente sus responsabilidades respecto a los menores», otro de los puntos que contempla la legislación, en el caso de Nuria y Manuel, continúa detallando la presidenta de la Asociación Diwork, «una buena intervención por parte de las administraciones publicas y con nuestro apoyo, los progenitores pueden ejercer perfectamente de sus habilidades maternofiliales o paternofiliales».
Por otra parte, el Artículo 21 habla de las obligaciones de los padres y en el punto 1 dice que «incumbe a los padres o a quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar el deber primordial de crianza y educación de los niños y adolescentes. Los padres son titulares del derecho y la obligación de relacionarse con sus hijos menores y de visitarlos, aunque no convivan con ellos».
Por todas estas razones, el colectivo ha solicitado «que los padres se lleven a los menores del centro educativo los viernes y los devuelvan a casa de la hermana de Nuria a las 19:00 horas y así progresivamente hasta que estén el fin de semana entero, no les importa poner supervisión y dos llamadas entre semana para mejorar la comunicación con la hermana. Además, queremos hablar con la técnica/o sobre el caso de esta familia para apoyar en lo que fuese necesario», comenta Buabent.
Otra de la organizaciones que apoya las reivindicaciones del matrimonio es la Asociación Familias para la Sociedad el Siglo XXI. Su presidente, Victoriano Fernández, es muy claro en la exposición. «El viaje de esta gente es el mejor ejemplo de una familia desesperada, porque llevan años intentando tener a sus hijos y por diversas razones, pues les han tenido a ratos, digamos.
Continúa Fernández explicando que «el problema es que los Servicios Sociales, cuando cogen el expediente de familias en situaciones complejas por falta de medios, por falta de trabajo o diversas razones, en vez de poner a su disposición medios psicológicos y económicos, como dice el Artículo 39 de la Constitución Española que tanto invocamos, lo que hacen es aprovecharse de esos posibles errores de las familias para separarles de los niños o entregarlos a la familia que ellos consideran idónea, en este caso a la hermana de ella. Es decir, en lugar de hacer de mediadores para que la familia extensa se convierta en el escudo protector de los niños, lo que hacen es tirar de las declaraciones de una y otra sobre si una es idónea y la otra no para proceder de esta manera».
Otra cuestión sobre la que incide Victoria Fernández es que «el profesorado no está formado para atender estos casos. Porque si el profesorado estuviera formado, quien habría actuado de intermediario con el absentismo escolar habría sido el propio profesorado».
¿Dónde están los postulados de la izquierda que gobierna?
La cuestión es que cada día se producen desamparos y retirada de tutelas en nuestro país, a pesar de los postulados de transparencia, igualdad y protección a las familias que defienden en sede parlamentaria y actos de precampaña los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que aún no se han pronunciado en el Congreso sobre el futuro de los centros de menores en España y que están viendo el desbarajuste que la gestión de dichos centros representa en muchas comunidades autónomas, sin abordar lo que de anacrónico tiene la existencia de estos centros en pleno siglo XXI.
Pacto de Estado para la revisión del Sistema de Protección a la Infancia
La historia de Nuria y Manuel no deja de denunciar lo que cerca de 30 colectivos reclamaron en mayo de 2022 al Gobierno en el transcurso de una manifestación en Madrid: un Pacto de Estado para la revisión del Sistema de Protección a la Infancia. Asimismo, denunciaban un entramado encubierto por la Administración para el lucro a costa de los 50.000 menores tutelados en España, refiriéndose a los suculentos beneficios que el Sistema de Protección a la Infancia aporta a determinadas empresas, algunas de ellas pertenecientes a fondos de inversión o las ayudas que reciben mensualmente las familias en acogida.
