El martes pasado tuvo lugar una rueda de prensa en la sede que el Parlamento Europeo tiene en Bruselas donde Carles Puigdemont confirmaba su presencia el próximo 2 de julio en Estrasburgo para asistir a la sesión constituyente.
Durante la rueda el ex president de la Generalitat explicaba el recurso que había interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para poder asumir su mandato como eurodiputado, de manera que es esta institución la que tendrá la última palabra sobre la cuestión, que está previsto que se resuelva antes del día 2 de julio precisamente para que el Parlamento pueda constituirse con todos sus parlamentarios.
Ante la eventualidad de que esa resolución pueda ser favorable finalmente a los intereses de Carles Puigdemont, se podría podría haber filtrado la disposición del juez Llarena a reactivar nuevamente la orden europea de detención contra el político catalán para evitar su inmunidad, en plena sintonía con lo que hace unos días hizo también la Sala del ‘procés’ con Oriol Junqueras, bajo la ponencia de Manuel Marchena.
Sin embargo, el juez instructor es consciente de que se puede volver a repetir la respuesta que dio en Alemania el Tribunal Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que concedió la extradición solo por los delitos de malversación y desobediencia, y no por los de rebelión y sedición.
El principio de especialidad -consagrado en el artículo 27 de la Decisión Marco y el artículo 60 de la ley 23/14, de 20 de noviembre sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la unión europea- significa que la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad en el país reclamante por una infracción distinta de la que hubiera motivado la entrega.
Traducido al asunto de Carles Puigdemont, el principio de especialidad garantiza que si es Alemania otra vez quien realiza la entrega LLarena no podrá perseguirle por los delitos de rebelión y sedición. Y si es otro país el requerido para la entrega, deberá antes pedir permiso a Alemania para entregar a Puigdemont al Estado emisor, esto es, a España.
En cualquier caso, Llarena podría haber decidido asumir el riesgo derivado del principio de especialidad con tal de intentar evitar que Puigdemont consiga la inmunidad.
