El juez Llarena deniega la libertad provisional de Rull y Turull para tomar posesión como consellers al advertir un riesgo de reiteración delictiva potenciado.
De este modo, Josep Rull y Jordi Turull no podrán asistir a la toma de posesión como consellers que estaba previsto celebrarse este miércoles.
En su decisión, el magistrado Llarena destaca que el peligro de reiteración delictiva se incrementa con la voluntad expresada por el nuevo president de la Generalitat de impulsar la república catalana.
En el auto, el juez indica que hace sólo cinco días, el 17 de mayo, la Sala de apelación del Supremo ha rechazado la libertad de ambos ex consellers, y añade que en este breve lapso de tiempo no ha habido una modificación de los parámetros básicos de evaluación del riesgo de reiteración delictiva.
Llarena indica en su auto que en esta ocasión Rull y Turull no han planteado, frente a lo ocurrido con anterioridad, ninguna petición alternativa a la de libertad provisional indefinida, y no hacen en su escrito ninguna referencia a los hechos por los que han sido procesados.
El instructor recuerda esos hechos, «que han consistido en que determinados partidos políticos secesionistas desplegaron su capacidad política para, desde su mayoría de escaños en el Parlamento, designar un presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que ejecutara las iniciativas legislativas de fragmentación territorial impulsadas desde el Parlamento, por más que estás hubieran sido declaradas contrarias a nuestra Norma Suprema y hubieran sido anuladas por el Tribunal Constitucional, así como para que el Gobierno autonómico condujera su actividad con esa misma orientación».
El auto resalta que la petición de libertad tampoco describe cuál ha sido el papel que, en esa estrategia, han desempeñado los procesados Jordi Turull y Josep Rull. El magistrado instructor explica al respecto que el auto de procesamiento detalla que «su intervención habría consistido en organizar e impulsar la ejecución del plan de independencia, aprovechando para ello las funciones ejecutivas que, como consellers, tenían en el anterior Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, hasta que fueron cesados con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española».
